La Dirección del Menor, acusada de “entorpecer” al Defensor del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entregó el informe al presidente del Congreso, Jesús Posada. | EFE

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias volvió a salir malparada en la Memoria Anual de 2012 del Defensor del Pueblo, que se presentó ayer tarde en el Congreso de los Diputados. En la misma, como ha ocurrido ya en varias ocasiones, el órgano que ahora dirige Soledad Becerril acusó al departamento perteneciente a la Consejería canaria de Políticas Sociales de “entorpecer” sus acciones, motivo por el cual esta incluso puede ser acusada de un delito de “desobediencia”.

En la citada memoria se explica que el 27 de octubre de 2010 se efectuó un recordatorio de deberes legales para que la Dirección General del Menor actuase conforme a lo establecido en la normativa vigente, la cual “prevé que a los menores extranjeros no acompañados se les otorgue una autorización de residencia, como máximo transcurridos nueve meses de tutela”. Sin embargo, la institución afirma que, en el caso de Canarias, “es obvio que dicho periodo no podrá ser cumplido si la entidad de protección insta la solicitud de autorización casi doce meses después de la entrada del menor en los servicios”. Por ello, el Defensor del Pueblo emitió un tercer requerimiento el 27 de octubre de 2011, “sin que hasta el momento se haya recibido la contestación requerida”.

Las quejas del Defensor del Pueblo sobre la Dirección General del Menor, en cualquier caso, no se quedan ahí. En el informe también se cita que el 2 de noviembre de 2010 se solicitó información acerca de la situación documental de un menor, así como de las gestiones realizadas para obtener la pertinente autorización de residencia antes de cumplir la mayoría de edad. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de julio de 2012. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de septiembre. Unos meses antes, en marzo, la institución había pedido documentación para que se ratificase si la primera solicitud presentada a favor del interesado fue la de 16 de mayo de 2001, tal y como consta en los registros, y en este caso se expliquen las causas por las cuales el menor permaneció durante años en el sistema de protección sin estar documentado. Se hizo el tercer requerimiento el 19 de octubre del año pasado, pero la Dirección del Menor no contestó hasta el 2 de noviembre.

Por último, la entidad que dirige Soledad Becerril hace constar en su Memoria Anual que el 17 de febrero de 2012 se pidió información relativa al Centro de Acogida de Menores Extranjeros El Fondillo, en Gran Canaria, del que continuaban existiendo quejas por la comida que se elaboraba, siendo necesaria adecuarla a las necesidades específicas de los adolescentes. Asimismo, también se apreciaba que, si bien la mayoría de los menores internos están matriculados en diversos recursos educativos, no se han articulado unas actividades deportivas y de ocio que pudieran ayudar al desarrollo personal, al entretenimiento y a la adquisición de habilidades sociales por parte de los menores internos. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de julio de 2012, pero no se recibió el informe hasta el 5 de noviembre.

En términos globales, el Defensora del Pueblo recibió el pasado año 33.073 quejas procedentes de diferentes puntos de España, de las que un 3,02% pertenecieron a la Comunidad Autónoma de Canarias. Las denuncias crecieron un 56% respecto a 2011, debido fundamentalmente al gran número de escritos presentados por la supresión de la paga extra de los funcionarios y en relación con los recortes aplicados en política sanitaria.

Los ciudadanos del Archipiélago presentaron además 8.930 solicitudes para que se interpusieran recursos de inconstitucionalidad. La mayoría de esas iniciativas estuvo motivada por asuntos relacionados con las materias de empleo, educación y cultura.