X
POLÍTICA > RECORTES

El drama del recorte de la jornada laboral

   

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Nómina administracion autonómica

Nómina de una empleada de la Administración autonómica. / DA

Trabaja como auxiliar administrativa en un instituto del sur de Tenerife. Todos los días se traslada desde el Norte. Su marido está en paro y ya no recibe prestación. Está a cargo de su madre, enferma. Tiene dos hijas estudiantes (una, en la universidad). Paga una hipoteca y en lo que puede ayuda a un hermano en situación de desempleo.

Antes de la aplicación de la reducción de la jornada a 3.300 empleados públicos de la cifra de 62.000 que conforman la Administración autonómica, esta laboral temporal, con dos trienios, cobraba 1.132,82 euros líquidos. En la nómina de enero echa en falta 207 euros, el 20% menos.

El salario base ha pasado de 938,50 euros a 750,80, y el complemento de incentivación, de 157,12 a 125,70. En cambio, la retribución en concepto de antigüedad se ha incrementado en 17,15 euros: de 28,59 a 45,74.

El de esta mujer no es un caso aislado. Una temporal discontinua, auxiliar de servicios complementarios, pierde algo más de 60 euros. En su condición de temporal discontinua con jornada reducida (-10%) y dos trienios, apenas percibía 582,32 euros. Esa cantidad se ha quedado en 520 euros. Es soltera y cuida de una hija en edad escolar. A diario, hace el recorrido entre Güímar y Santa Cruz. Reside en una vivienda de alquiler.

Un laboral indefinido del grupo 3 (hay otros dos por debajo) con cinco trienios (142,95 euros) gana 1.094,80 euros, lo que significa 260,79 menos en relación a los 1.355,59 de diciembre. El tijeretazo del 20% supone que el sueldo base de este encargado administrativo ha menguado 205,58 euros: de 1.027,91 hasta 822,33. El complemento de homologación baja de los 361,11 euros a los 288,89, y el de incentivación, de 85,81 a 68,65.

El despliegue de la disposición adicional cuadragésimo primera de la ley de presupuestos regionales para 2013 está tropezando con numerosas piedras en el tortuoso camino de los ajustes económicos. El plan para ahorrar 20 millones de euros está resultando ser un ejercicio de malabarismo sobre un alambre de púas. A la indignación de los perjudicados en primera instancia hay que sumar la resta de operatividad y la multiplicación de problemas tanto en la distribución de tareas como en la atención al público.

La controvertida medida ha generado un aluvión de quejas y consultas. La constelación de dudas ha invadido la conciencia de los responsables gubernamentales, de tal manera que la red interna de los empleados públicos se ha visto plagada de mensajes tranquilizadores. “Con relación a la seguridad social, se continuará cotizando por los mismos periodos”. Así lo informa el director general de la Función Pública, Aarón Afonso.

Les consuela saber que, según el Ejecutivo canario, la reducción “no afecta a los servicios esenciales”. Menos mal.