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Estamos de ofertas – Por Francisco Pomares

   

CajaCanarias y Banca Cívica habían permanecido hasta ahora al margen de las investigaciones y demandas que han trufado el proceso de privatización de la mayoría de las Cajas españolas. La presentación de una denuncia por una Asociación de Navarra y por el partido de Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia, contra los quince consejeros de la entidad presidida por Enrique Goñi y Antonio Pulido, entre los que se encuentra el que fuera presidente de CajaCanarias (ahora lo es de su fundación), parece haber revuelto las aguas siempre presentadas como apacibles y tranquilas de lo que fue el proceso de absorción de CajaCanarias. Goñi ha defendido su gestión, pero la fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido seguir adelante.

Siguiendo los pasos de lo que había ocurrido ya con los conejeros de Bankia, Goñi, Pulido, Arvelo y los otros doce consejeros de Banca Cívica han sido denunciados ante la Audiencia Nacional por la presunta comisión de seis delitos, consecuencia de las irregularidades cometidas en el proceso de fusiones que llevó desde las Cajas matrices -entre ellas CajaCanarias- a la creación de Banca Cívica, su estrafalaria y fracasada salida a Bolsa y la definitiva intervención final por CaixaBank, que tuvo que acudir a salvar los trastos. Según la denuncia, los consejeros de Banca Cívica actuaron preocupados fundamentalmente por salvar las elevadas retribuciones que percibían, que sumaban los ocho millones de euros entre sueldos, y dietas. Además, en 2011, cuando ya se suponía que la cosa no podía durar mucho, los directivos ampliaron un seguro vinculado a la permanencia física en la entidad, desde los 3,3 millones de euros hasta 5,2 millones. En la denuncia se afirma que “tal vez los asegurados vislumbraron que la navegación iba a ser muy corta”, como efectivamente ocurrió, dado que Banco Cívica desapareció al ser absorbida, y su consejo fue desmantelado.

La denuncia recuerda también que todo esto ocurría mientras se producía la pérdida patrimonial de Banca Cívica, que en elproceso desde su constitución a su desaparición, de apenas dos años, pasó de un patrimonio neto de más de 5.000 millones a sólo 2.700. También advierten los denunciantes de la existencia de posible maquillaje de los ratios de solvencia, con pérdidas no reconocidas de más de 2.000 millones, de que la distorsión de las cuentas pudo ser intencionada, y aseguran que la salida a bolsa, que arruinó en Canarias a miles de pequeños accionistas, fue “un timo en toda regla”.