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El Gobierno canario “abusa” de la convalidación de gastos

   

Edificio de Usos Múltiples II, sede administrativa del Gobierno./JAVIER GANIVET

Edificio de Usos Múltiples II, sede administrativa del Gobierno./JAVIER GANIVET

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario dio por buenos expedientes de gastos por valor de 5,2 millones de euros en 2011, a pesar de que no siguieron el trámite legal o contenían errores. Así lo ha constatado la Audiencia de Cuentas de Canarias, que tacha de “abuso” la ejecución de estos pagos “cuando se sobrepasan los niveles normales”, pues las convalidaciones “suponen una excepción a los procedimientos legales establecidos” y no un método habitual.

En su informe sobre las cuentas de la comunidad autónoma correspondiente a 2011, el órgano fiscalizador retoma en este punto sugerencias ya formuladas en años anteriores, en el sentido de que el Gobierno canario debería hacer “un estudio sobre la tipología de las convalidaciones de gastos al objeto de establecer los criterios y limitaciones que eviten que se produzca un abuso de este sistema de adjudicación que, en especial, traspasa la regulación establecida en materia de contratación pública”.

En total, en el citado periodo se dio de esta manera el ‘ok’ al pago de 32 expedientes. La Consejería que abonó un mayor volumen de dinero con estas condiciones fue la de Presidencia, Justicia e Igualdad, con, 2, 47 millones de euros en 22 expedientes; seguida de la Contratación centralizada, con algo más de un millón de euros y 8 expedientes; Economía, Hacienda y Seguridad, con 617.161 euros y 8 expedientes; Presidencia del Gobierno, con 400.054 y 3 expedientes; Educación, Universidades y Sostenibilidad, con 303.984 euros y 3 expedientes; y, con uno solo, Obras Públicas, Transportes y Política Territorial (287.707 euros); Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (51.715 euros) y Sanidad (27.610).

Según determina el artículo 67 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los gobernantes podrán “convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan”.
En su informe, la Audiencia de Cuentas realiza hasta 14 nuevas recomendaciones para mejorar la gestión contable de las consejerías del Gobierno canario, sus organismos autónomos, empresas públicas y fundaciones, tras analizar sus cuentas del ejercicio 2011, y reitera otras 20 sugerencias de años anteriores.

Entre las medidas propuestas por el órgano que preside Rafael Díaz figura la de poner en marcha un sistema de evaluación de políticas públicas a través de los programas presupuestarios en los cuales se establezcan objetivos correctamente definidos y su medición con los indicadores que permitan conocer su grado de cumplimiento.

El informe de auditoría de la Cuenta General de 2011 fue aprobado el 20 de diciembre pasado por el plenario de este órgano fiscalizador, y se puede consultar en su web institucional (http://www.acuentascanarias.org/documentos/Informe10.pdf).

Para su aprobación definitiva, el documento deberá pasar aún por el pleno del Parlamento canario. También ha sido remitido al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

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13,7 millones por sentencias judiciales

El informe de la Audiencia de Cuentas también detecta que en 2011 el Gobierno canario fue condenado a pagar 13, 7 millones de euros por sentencias condenatorias y litigios con abono de costas -cantidad que supone el 0,2% del total de sus obligaciones en ese ejercicio económico-. De esos 13,7 millones, el 65,4% salieron de las arcas públicas para el pago de asuntos relativos a reclamaciones por expropiaciones de carreteras. De acuerdo con los datos del órgano fiscalizador, en el referido periodo se iniciaron 5.409 procedimientos contenciosos en los que fue parte la Administración autonómica, más que los 3.971 y 4.571 de los años 2010 y 2009, respectivamente. La Audiencia recuerda que ya en 2008 “recomendó” que se creara un fondo de contingencia para hacer frente a los gastos derivados de los intereses ocasionados por la ejecución de sentencias, y aclara que, aunque se dispusieron con tal fin 2,1 millones para 2011, “fue vaciado mediante modificaciones, quedando a cero”.

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