X
nombre y apellido >

José Castro – Por Luis Ortega

   

Frente a las dudas y cóleras que provocan las actuaciones de Ruiz Gallardón (tasas abusivas y disuasorias, indultos que insultan la razón y privatización de los registros), el imperio de las formalidades (por las que Garzón ha sido el único condenado en la trama Gürtel) y las interminables instrucciones en asuntos con implicaciones políticas (el affaire Pallerols tardó diecisiete años en resolverse), el cordobés José Castro Aragón (1947) hizo buena la afirmación del Rey y, en esta ocasión, “la justicia fue igual para todos”. Respondió a lo que todos, amigos y detractores, esperaban de este magistrado valiente y no adscrito a ninguna asociación. Procedente del cuerpo de prisiones, ingresó en la carrera judicial en 1976 y, entre otros destinos, ocupó plaza en Arrecife de Lanzarote. Desde 1991 trabaja en Mallorca y alcanzó una indeseada e inevitable popularidad por la instrucción del Palma Arena y la preeminencia de su cabecilla y principal beneficiario, Jaume Matas. Ahora, el escándalo de la Fundación Noos con Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón, y su mentor y socio Diego Torres, “al frente del cartel”, le colocan otra vez ante los focos y, con su decisión y naturalidad nos devuelve la confianza en los jueces o, para ser más exactos, en algunos jueces, aquellos que no se impresionan por la posición, e incluso la chulería y desvergüenza de la que hicieron uso estos sujetos. El miércoles se cumple el plazo para que los citados señores depositen más de ocho millones de euros (8.189.448,440 euros exactamente) como fianza “por la actividad delictiva premeditada” de la que se les acusa. En quinientos folios que no tienen desperdicio, Castro Aragón sostiene que la figura de la fundación “era la que les permitía acceder a fondos públicos” y afea las censurables actuaciones de los gobiernos autónomos de Valencia y Baleares, donde los imputados recaudaron el grueso del botín. Señala que estas administraciones “tomaron decisiones arbitrarias e injustas, adoptadas al margen de cualquier expediente para evitar obstaculizar la consecución ilícita de beneficios a personas concretas”. A Urdangarin y Torres les requiere para que “hagan constar si tienen antecedentes penales” y les recuerda que “pueden responder a la caución de manera subsidiaria, de modo que se pueden repartir el pago de la misma, o bien alguno de ellos podría abonar la totalidad”; pero, si no lo hacen se procedería al embargo de bienes propios hasta alcanzar la cantidad exigida. Ya lo dijimos: un comportamiento impecable.