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Una ley que nos aleje del ciudadano – Por Fernando Clavijo Batlle*

   

El pasado mes de septiembre de 2012, el Pleno de La Laguna aprobaba una moción para que el Gobierno de España retirara el anteproyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y abriera un proceso negociador con partidos políticos y administraciones locales para consensuar el contenido del citado documento, entre otras peticiones. Meses más tarde, y sin conseguir un acuerdo siquiera con el mayor partido en la oposición, el Partido Popular da un paso más en su carrera en contra del ciudadano con la aprobación en el último Consejo de Ministros de este anteproyecto.

La reforma, de gran calado y de vital importancia para el modelo democrático, aleja a los ayuntamientos de los administrados, restándonos servicios ya que, tal y como está planteada la última versión entregada a la Fecam, se suprimen, entre otras, las competencias en servicios sociales y educación que, a pesar de no corresponderles, se han venido prestando de manera eficaz, desde los ayuntamientos. Por ejemplo, en La Laguna, donde tenemos una política social muy intensa, van a ser miles de ciudadanos los que se van a ver afectados. Este anteproyecto, por tanto, no pretende otra cosa que ir acabando con los ayuntamientos que no cumplan los estándares previstos por el Gobierno del PP, desprestigiar lo público y seguir ahondando en una fractura social que han hecho cada vez mayor, desmantelando el Estado del Bienestar.

Los municipios hemos admitido como necesaria una reorganización de la administración local, pero se pide al Estado que analice con ayuntamientos, cabildos y diputaciones las competencias y servicios que vienen prestando cada una de ellas, así como los recursos financieros de los que han dispuesto las entidades locales. Esta es la única base sobre la que se puede emitir juicio alguno respecto a la estructura de la administración local y si está, o no, sobredimensionada. A cambio, nos endosan un documento que pretende aprobarse sin consenso, sin reflexión, utilizando el rodillo y sin tener en cuenta que una reforma legislativa de este calado, que afecta a todos los municipios, y por tanto a todos los ciudadanos, debería hacerse, tras más de 26 años de funcionar con la misma Ley, con la suficiente calma y solvencia.

Lamentablemente no es así, y el documento, que en La Laguna rechazamos por ineficaz e injusto, parece tener un único objetivo: criminalizar a las corporaciones locales y culparlas de un déficit que no es, ni de lejos, responsabilidad municipal.

Así que, por más que el Gobierno de España lo intente disfrazar, se trata de una cortina de humo que encubre un objetivo más oscuro: el despido de trabajadores públicos, la supresión de ayuntamientos pequeños y, lo que es más importante, la no prestación de servicios al ciudadano. Lo que dicen ahorrarse ahora no vale la desprotección a la que se van a ver sometidos miles de vecinos en situación precaria. De ningún modo.

Hay varias preguntas que ya hemos lanzado al aire en otras ocasiones. Si en ayuntamientos como el de La Laguna dejamos de prestar las ayudas a ONG, ayudas de primera necesidad que permiten que los más desfavorecidos sobrevivan, a la vivienda, atención domiciliaria, escuelas infantiles, ocio formativo, obras en infraestructuras educativas… ¿Quién va a prestar esos servicios? Nadie. Por eso, insistimos, no se trata de un ahorro: es un brutal e injusto recorte.
Tampoco parecen haberse dado cuenta los artífices del documento -cosa que dábamos por supuesta-de las particularidades y especificidades de Canarias, que no se incluyen en este borrador.

Por más que se intente confundir a la opinión pública y arrojar la pelota a otro tejado, las dificultades de los municipios vienen determinadas por la escasa financiación que tenemos para asumir servicios que, efectivamente, nos son ajenos, pero que no vamos a dejar de prestar, en estos momentos, porque si no, nadie lo haría.

Somos los ayuntamientos quienes debemos tener la palabra ahora y luchar para que no se ponga en marcha la aprobación de una Ley que no haría más que perjudicar a los ciudadanos, hacer más grandes las desigualdades que ha creado esta crisis y quitar oportunidades a quienes peor lo están pasando.

*Alcalde de San Cristóbal de La Laguna