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Ley de régimen local – Por Juan Manuel Bethencourt

   

El ahorro planteado por el Gobierno del PP respecto a la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local no es ahorro, es recorte. Es importante discernir los términos y aclarar los conceptos, porque es posible que el papel lo aguante todo, pero el ciudadano no. La mutilación competencial de las corporaciones locales españolas (y canarias) no apunta hacia la eliminación de duplicidades, sino a la supresión de tareas que en la actualidad realizan los ayuntamientos, y que si la nueva legislación sale adelante tal cual ha sido estructurada nadie más podrá desempeñar. No es cierto que las entidades superiores, léase comunidad autónoma, puedan desempeñar servicios de, por ejemplo, guardería infantil a escala local. Eso no va a ocurrir, y no sólo por la evidente insuficiencia financiera que comporta, sino porque además tal hipótesis desafía todo principio de cercanía entre la Administración y el ciudadano. El Ejecutivo de Rajoy reincide en el error tantas veces comentado: se dice que es una reforma de las entidades locales, pero no lo es, acecha la confusión entre medios y fines, estamos ante un nuevo ataque al modelo de convivencia en aras a la salvación del sacrosanto principio del déficit, dictado por esa comunidad financiera a la que sin embargo sí se asignan todos los recursos necesarios. Alguien tiene que plantarse y decir de una vez que esta deriva es claramente antirreformista, que el PP ha entrado directamente, de la mano de la canciller Merkel, en una estrategia regresiva para la economía, la sociedad y la democracia españolas.

Estos son tiempos lúgubres para el modelo social europeo, se precisan ideas frescas y la ambición intelectual de la que carece un gobierno preso de su propia hipocresía preelectoral. Ahora carga su ausencia de proyecto sobre el ciudadano común de este país. La cortina de humo en este caso es, como siempre, la antipolítica, el pomposo anuncio de que los alcaldes y concejales no cobrarán o lo harán en mucha menor medida. Perfecto. Hágase. Pero a través de otro procedimiento, los Presupuestos del Estado u otra ley específica para este asunto. Pero que no se produzca, al amparo de semejante demagogia, un hachazo de 5.000 millones de euros en los servicios públicos que hoy prestan los ayuntamientos. No es razonable seguir desnudando al ciudadano precisamente donde más le duele, donde la convivencia tiene más posibilidades de florecer, en el ámbito más cercano, donde el vecino tiene rostro porque reside, trabaja y pelea en nuestra calle o en el barrio de al lado.

@JMBethencourt