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EL DARDO >

Más de lo mismo > Por Leopoldo Fernández

   

A nadie debería extrañar la sentencia que el Tribunal Constitucional acaba de dictar sobre las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación para el subsuelo marino próximo a Canarias. Una lectura superficial de la legislación básica del Estado aconsejaba, por prudencia, no pleitear sobre el asunto, ya que en ningún caso se otorga a las comunidades autónomas competencias sobre el mar y su suelo y subsuelo. Ya sabemos que el Gobierno de Canarias no suele modificar sus políticas; prefiere el clásico mantenella y no enmendalla que rectificar cualquier trayectoria errática aunque la acción resulte desacertada y una y otra vez las sentencias se vuelvan contra él. Ahora, pierde otro recurso judicial, y van tres, pero persiste en defender lo indefendible: que el Gobierno del Estado no pueda ni siquiera comprobar si existen o no hidrocarburos en aguas de Canarias y, en su caso, de ser rentable hacerlo, proceder a su extracción. Su único y peregrino argumento sigue siendo el de que puede producirse un accidente y afectar al turismo de Lanzarote y Fuerteventura. No importa que esa riqueza beneficie a España entera, incluyendo Canarias, ni que país alguno sea tan estúpido como para renunciar al petróleo, sin el cual no sería hoy posible el progreso ni la vida en la tierra, tal y como la conocemos.

A base de populismo y electoralismo baratos, ha intoxicado a buena parte de la ciudadanía como si fuera tonta, cuando las estadísticas confirman, por ejemplo, que es bastante más peligroso montar en avión que se accidente una plataforma petrolífera en alta mar. ¿Dejamos por ello de utilizar ese medio de transporte? No, porque la eventualidad y el azar forman parte de la naturaleza humana. Sin embargo, empecinado, ciego y sordo a toda razón, el Gobierno prefiere seguir perdiendo pleitos y dejar a sus servicios jurídicos a los pies de los caballos, en vez de dialogar con las empresas concesionarias de los permisos petroleros en las aguas cercanas a la mediana con Marruecos y, sobre todo, con el Gobierno de España, para que unas y otro asuman los riesgos, pagaderos en euros, que puede correr Canarias. Esta defensa numantina de lo imposible se viene abajo por el simple hecho de que van a ser mucho más peligrosas las prospecciones petrolíferas marroquíes, ubicadas a escasos kilómetros de las de Repsol y compañía y que se realizan con una legislación muy permisiva, sin las duras restricciones que impone la normativa comunitaria. El Gobierno autonómico es tan tonto o tan poco patriótico que prefiere que España no obtenga ningún beneficio potencial pero sí Marruecos en unas aguas situadas casi a la misma distancia de las Islas.