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Más y mejor política – Por Román Rodríguez*

   

La política, los políticos, los partidos y las instituciones atravesamos un momento muy delicado. Lo reflejan las encuestas, como la última del CIS, en la que aparece como tercer problema para la ciudadanía, tras el paro y la situación económica. De celebrarse hoy elecciones todo apunta a que habría un elevado grado de abstención. Aunque en convocatorias recientes a las urnas, como la de Cataluña, se registró una participación al alza respecto a las anteriores; y se mantuvo en niveles similares en Euskadi y Galicia.

La percepción ciudadana está condicionada, con toda seguridad, por la crisis económica, el empobrecimiento y el paro que afectan a amplias capas de la población. La gente percibe, con razón, que las medidas que se toman desde los gobiernos, lejos de aliviar su situación, la empeora día a día: más desempleo, más exclusión social, menor poder adquisitivo de la población, en general, deterioro de los servicios públicos…Mientras, por el contrario, se posibilita la dación en pago a los promotores de vivienda, se salva a la banca con decenas de miles de millones de dinero público y, para rematarlo, se lleva a cabo una amnistía fiscal para los que evaden impuestos.

Pero, asimismo, la crítica está basada en los distintos escándalos (Gürtel, Bárcenas, Urdangarín…) que sacan a la luz pésimas prácticas en los partidos políticos o en las instituciones, con enriquecimientos ilícitos, derroches y despilfarros, así como una tolerancia inaceptable ante los mismos.

En ambos asuntos no valen paños calientes. Por un lado, hay que modificar con urgencia las actuales políticas económicas y tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, que generen empleo y den respuesta a los que peor lo pasan en estos momentos por haber perdido su trabajo e incluso su vivienda. Y, por otro, hay que ser contundentes en la lucha contra la corrupción, sea individual u organizada, porque es un fraude a los ciudadanos y a los dineros públicos; y, además, porque degrada la política y pone en riesgo la democracia.

No vale tampoco la generalización tan fácil como injusta. Hay políticos, políticas y partidos que planteamos otra salida bien distinta a la crisis económica y que defendemos los servicios públicos, los derechos laborales y las libertades. Y, asimismo, combatimos los comportamientos execrables de quienes se aprovechan de las administraciones para un impresentable beneficio.
Desafortunadamente, también es cierto que en más de una ocasión, como hemos podido comprobar reiteradamente en distintas comunidades autónomas o corporaciones locales, semejantes comportamientos no han impedido que algunos de estos siniestros personajes renueven el apoyo en las urnas pese al extendido conocimiento de sus fechorías. También, fuera de España, como vemos con Berlusconi en Italia.

En cualquier caso hay que exigir que en el plano judicial se actúe con contundencia y rapidez. Y que no quede nunca la menor sombra de duda, el menor espacio para la impunidad. Algo que ha quedado muy cuestionado en casos como el de la trama Gürtel, en el que el único condenado y apartado de su actividad profesional es, paradójicamente, el juez que lo investigaba, Baltasar Garzón. Circunstancia que genera desafecto ciudadano hacia la democracia y falta de confianza en la Justicia.

Se deben precisar, asimismo, las responsabilidades políticas. No pueden solventarse escándalos como los que estos días inundan los medios de comunicación sin delimitar dichas responsabilidades, al margen de las judiciales. Pero no basta con penalizar las malas praxis, los comportamientos delictivos o inmorales. La política no puede conformarse con eso. Debe, en primer lugar, generar las condiciones para prevenir y evitar en lo posible ese tipo de conductas. Pero, sobre todo, debe dar respuesta a las exigencias ciudadanas de mayor transparencia, mayor participación y mayor control.

El sistema de democracia representativa es el menos malo de los conocidos. Pero precisa de muchos cambios y perfeccionamientos. Debemos ser conscientes de que la política está siendo percibida por una parte significativa de la gente no como parte de la solución a sus problemas, sino como parte del problema. Y eso hay que modificarlo con decisiones que estén a la altura de las circunstancias, que respondan a las exigencias de la mayoría.

Por ello se hace imprescindible dar un salto cualitativo en la calidad democrática. Con instituciones abiertas y eficaces que den respuesta a la ciudadanía. Con partidos que sean instrumentos de participación y transformación social. Favoreciendo las iniciativas ciudadanas, en vez de bloquearlas o adulterarlas, como ha sucedido con varias leyes de iniciativa popular. Mejorando los sistemas electorales. Haciendo más transparentes las instituciones y la financiación de los campañas electorales y de los partidos políticos.

En Nueva Canarias estamos trabajando en esa línea, procediendo a la elaboración de un Decálogo por la Democracia, la Transparencia y Contra la Corrupción, que contribuya a superar el actual estado de cosas. Y que plantea, entre otros aspectos, modificaciones en el sistema electoral, combinando sistemas mayoritario y proporcional, así como una apuesta por la transparencia y la participación en lo público. En el caso canario es esencial una profunda reforma electoral que elimine los injustos y disparatados topes actuales, una desproporcionada barrera que pervierte el voto popular e impide una mayor pluralidad de nuestro Parlamento.

Asimismo, nos parece muy importante aprender de la experiencia de otros países con relación a las consultas ciudadanas. Hay muchos temas, de distinta relevancia, que surgen a lo largo de una legislatura y que pueden y deben ser sometidas a referéndum como ocurre en Estados Unidos o en Suiza. Aquí, por el contrario, un tema tan trascendental como la modificación constitucional sobre las obligaciones en torno al déficit y la deuda fue solventado sin el menor debate ni consulta a la ciudadanía por las cúpulas de los dos partidos mayoritarios, en una decisión de enorme gravedad.

Proponemos, igualmente, la aplicación de prácticas de Gobierno Abierto, incluyendo la aprobación de una Ley de Libre Acceso a la Información. También planteamos la obligatoriedad de los debates electorales, sin que ninguna candidatura pueda eludirlos. Límites estrictos al gasto de las campañas y una ley en la que se especifiquen los medios de financiación permitidos a los partidos, los procedimientos de rendición de cuentas y las penas en caso de incumplimiento. Y consideramos que por ley se debe impedir la condonación por parte de la banca de la deuda contraída por los partidos políticos, a la que algunas formaciones se han acogido.

Se trata, en definitiva, de impulsar una serie de medidas operativas en la defensa de la democracia, las instituciones y el protagonismo y la participación ciudadana, así como la exclusión de la actividad política de las prácticas corruptas.

* Diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias