X
sobre el volcán > David Sanz

Montoro no conoce Garafía – Por David Sanz

   

La propuesta de reforma de la Administración local que presentó el ministro Cristóbal Montoro forma parte de la estrategia que el Gobierno ha puesto en marcha para corregir el efecto demoledor del caso Bárcenas. Meter tijera en las administraciones donde el mal de la corrupción ha estado más latente, como son los ayuntamientos, y a los salarios de los concejales, tiene la vocación populista de echar al circo de los leones la intensa labor que realizan la mayoría de las corporaciones locales y munícipes que están a cargo de las mismas. Como siempre, el Ejecutivo ha decidido empezar a desgastar la parte más débil de la Administración. Los ayuntamientos, salvo las grandes corporaciones donde la sobredosis del ladrillo permitió grandes ingresos y de ahí todos los males que le siguieron, han servido para un roto y un descosido, asumiendo competencias para las que no han contado con la financiación necesaria.

Los sueldos de los políticos y, por tanto, de los alcaldes y concejales, no son el problema de este país ni de la organización de la Administración. Sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero creo que es un elemento que no tiene más recorrido que la demagogia. El acento, a mi juicio, hay que ponerlo en otras dos cuestiones: la transparencia y la clarificación de las competencias. En este último aspecto, los ayuntamientos en Canarias han sido los grandes perjudicados, cargando con responsabilidades sin contar con las transferencias económicas para realizar muchos de los servicios que prestan ante la cada vez más acuciante demanda ciudadana. No duplicar tales competencias traería un ahorro superior a un recorte brutal en el número de concejales liberados. Y es que estos ediles, como sucede en muchos ayuntamientos de La Palma, que son pequeños y escasos de recursos, realizan una labor importante. Cubren muchos huecos que tienen los consistorios en distintas tareas; desde los servicios sociales hasta las fiestas. Y el trabajo y la dedicación hay que pagarlos, dentro de unos márgenes racionales, pero deben ser remunerados. Hay un último aspecto que aflora en esta propuesta del Gobierno, como es la voluntad centralizadora. Montoro no se ha preguntado por la suerte de un vecino de Garafía que tenga que desplazarse sesenta kilómetros cada vez que vaya a resolver un pequeño problema.