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Plasencia se explica – Por Leopoldo Fernández

   

Antonio Plasencia, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, dejó el otro día, en Las mañanas del Mencey, de Teide Radio Onda Cero, varios mensajes que en estos momentos tienen un valor muy apreciable por venir de un personaje experimentado, con 50 años en el mundo de la construcción -el más afectado por la crisis- y con el mérito añadido de que se ha hecho a sí mismo. Plasencia no entiende que siga paralizada la obra pública en las Islas, sobre todo la del Convenio de Carreteras vigente hasta 2017, cuando los propios empresarios canarios están en condiciones de adelantar la financiación. “Basta con que el Gobierno garantice el pago de las certificaciones para que nosotros podamos obtener circulante en las entidades financieras y empezar así a trabajar”, dijo el empresario. ¿Por qué no se hace? ¿Qué obstáculos legales existen si ya en tiempos de Galván Bello, en su primera etapa en el Cabildo, era esta corporación, que entonces nadaba en la abundancia gracias a los arbitrios insulares, la que adelantaba la financiación al propio Estado para ir ganando tiempo y crear empleo, como sucedió con la autopista del Sur y el aeropuerto Reina Sofía? Desconozco si de dicho convenio podrán rescatarse los 207 millones de inversión previstos para cada anualidad, a los que se debería añadir el mantenimiento de las vías del Archipiélago, pero en cualquier caso la fórmula que se propone parece razonable y permitiría, además de generar rápidamente puestos de trabajo, adelantar la construcción de algunas obras atrasadas y fundamentales para facilitar la movilidad y asegurar las comunicaciones, hoy un tanto deterioradas. Pero no bastaría tal recuperación inversora; es preciso acabar de una vez con la maraña de normas urbanísticas vigente y con la discriminación que sufren las empresas isleñas por parte de la propia Administración autonómica, no digamos la central, pese a que muchas de ellas disponen de maquinaria y de técnicos capaces de afrontar las responsabilidades que se les exijan, como han demostrado en las UTE constituidas con firmas peninsulares. La burocracia desmedida, cuando no el obstruccionismo puro y duro, incluso la falta de sentido común, son factores añadidos que descalifican a la propia clase política a la hora de (mal) gestionar algunos asuntos públicos como la propia rehabilitación de viviendas y hoteles, la morosidad administrativa, el intrusismo profesional y el desenfrenado consumo de suelo, por no hablar de la usura de la banca en algunos supuestos y de la corrupción existente en Canarias, aunque Plasencia, muy caballeroso, asegure que apenas se da.