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Un problema gravísimo – Por Leopoldo Fernández

   

Da cierta vergüenza seguir estos días los contenidos informativos y editoriales de los principales periódicos españoles, europeos y americanos sobre la corrupción en nuestro país. Todos presentan un panorama repugnante, tal es el número y la trascendencia de los escándalos que recogen, a cuenta de las actividades de algunos dirigentes, militantes o empleados indeseables de distintos partidos, con el PP, el PSOE y CiU a la cabeza. A este panorama, que alcanza de paso a corporaciones públicas, empresas privadas y organismos varios, más empresarios que regalan dinero bajo cuerda -se supone que a cambio de favores-, se suma también la corrupción que circula en los aledaños, e incluso más cerca aún, de la Casa Real. Es lo que faltaba para cerrar el círculo putrefacto que se ha metido en las entrañas de la nación y de sus principales instituciones, como la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno, tras dejar antes en el descrédito -por razones diferentes- al Tribunal Constitucional, el Supremo, el Banco de España, la Bolsa de Valores y para qué seguir. La corrupción en sus múltiples formas ya no es un hecho casual, sino que se ha convertido en patología del sistema. ¿Cómo es posible que no se corte de raíz esta casuística? ¿A qué esperan los dirigentes políticos para ponerse de acuerdo y tipificar con la máxima severidad las faltas y delitos de corruptores y corrompidos y para arrojar fuera del sistema, inhabilitándolos y persiguiéndolos penalmente, a quienes no son dignos de confianza? Un país serio no puede aceptar que se monten empresas y contabilidades paralelas para defraudar impunemente. Ni que la dirigencia de ningún partido cobre sobresueldos opacos y abandone la transparencia como práctica permanente. Tampoco que ningún extesorero o gerente blanquee dinero y propicie todo tipo de sospechas sobre el del partido al que sirve. Estas actitudes enfangan la política y extienden la porquería hasta límites bochornosos no sólo para los partidos sino, sobre todo, para el país, al que se hace perder credibilidad, respeto, decoro, decencia y pureza en su desempeño democrático y en la consideración internacional. Por eso no bastan las declaraciones bienintencionadas ni las grandes proclamaciones oratorias. España necesita, y con urgencia, instituciones, partidos y políticos serios, confiables, lúcidos, honrados, rigurosos, con los bolsillos de cristal. Y que los culpables reciban el castigo que merecen. Si para ello hay que cambiar las leyes, hágase ya mismo porque el país -con una gravísima crisis institucional, política, económica y social a cuestas- está hastiado y desalentado ante tantos y tan malos ejemplos.