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Protestas judiciales – Por Leopoldo Fernández

   

Si me dijeran que jueces, magistrados y fiscales van a la huelga porque la Justicia no es independiente, porque defienden a toda costa una Justicia que no penda del poder político o porque se oponen a los privilegios procesales de que disfruta la clase política -fueros, suplicatorios, tribunales especiales, uso indiscriminado de los indultos, etc.-, entendería su postura y aplaudiría hasta con las orejas. Porque esa es la madre del cordero de un sistema democrático: la independencia de los poderes, su separación efectiva, y la recta aplicación de la ley, con todos en pie de igualdad. Aquí, pese a vivir en democracia, seguimos con una mezcolanza contaminadora que empezó con la lamentable aprobación, en 1985, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la consiguiente designación, por Congreso y Senado -en proporción a los escaños de los partidos-, de los miembros del Poder Judicial, que pueden quitar, poner, nombrar, cambiar, ascender y dirigir la vida y los destinos de los profesionales de la Justicia. No sólo no se ha corregido esta anomalía, sino que se pretende ahondar en ella con las reformas que prepara el Ministerio de Ruiz Gallardón sobre diversos aspectos de la política judicial. Se busca, por ejemplo, que el funcionamiento sui generis y la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siga en manos de la política en vez de procurar que sean los representantes legales o las asociaciones profesionales de la judicatura las que elijan directamente a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Pero una huelga como la de ayer, a la que no se sumaron las dos principales asociaciones de jueces y fiscales ni el CGPJ, no es muy entendible ni edificante. Se mezclan reivindicaciones dispares, como la modificación de las leyes de tasas y de indulto (ya anticipadas por el ministro Gallardón), la lucha contra las distintas formas de corrupción, la desjudialización del Registro Civil, la modificación de las normas sobre desahucios, el aumento de la inversión pública y del personal laboral, así como de jueces y fiscales sustitutos para facilitar la tutela judicial efectiva, etc. ¿No es preferible el diálogo a la huelga, teniendo en cuenta que hablamos de un poder del Estado, no de una empresa o un sector productivo cualquiera? ¿No habrá detrás de las citadas reivindicaciones formales algunos cabreos soterrados a raíz, entre otras cosas, de la desaparición de los jueces interinos y la implantación de un sistema de sustituciones obligatorio para cubrir las vacantes con miembros de la carrera judicial, además de las reducciones salariales de todos conocidas y la supresión de permisos, libramientos y canonjías varias?