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Transparencia (1) – Por Alfonso González Jerez

   

Sin que nadie lo haya pedido -probablemente porque nadie está dispuesto a rogar peras al olmo- el Gobierno de Canarias, a través de su consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, ha anunciado que estudia una Ley de Transparencia que obligue a cargos y administraciones públicas a ofrecer toda la información sobre su gestión y el manejo de los fondos. Evidentemente todos los grupos parlamentarios (CC, PP, PSOE y NC) se han mostrado prácticamente desesperados por tramitar y aprobar una Ley de Transparencia tan estupenda cuanto antes y adelantan que están preparando o disponen ya de toneladas de códigos éticos, capaces de detener una estampida de búfalos. Con una pequeña fracción de este entusiasmo bastaría, por ejemplo, para que los documentos y debates de la comisión del Estatuto del Diputado y Peticiones del Parlamento de Canarias, que aprueba las compatibilidades de los representantes para simultanear su escaño con otras ocupaciones profesionales, se hicieran públicos y de libre acceso. Hasta ahora no es así: sus señorías consideran un impertinente marujeo cualquier curiosidad al respecto, pese a su evidente interés, tan evidente que hace pocos años se descubrió que un diputado cobraba su sueldo como tal y, al mismo tiempo, estaba contratado por una empresa grancanaria para intermediar con las administraciones públicas, y no precisamente con el objeto de desarrollar ensayos de antropología cultural.

La transparencia es ahora mismo un nuevo amuleto verbal del que se apropia instantáneamente esa formidable máquina simbólica que es la democracia representativa, consensual y propagandística en su estadio de crisis sistémica. Se apropia de todo hasta el extremo de que algún diputado, durante el 15-M, admitió que no les faltaba razón a los que proclamaban en las calles que no nos representan. La mala noticia es que ya es legalmente obligatorio facilitar todos esos datos que el amable señor Hernández Spínola quiere poner a disposición de los ciudadanos y que una Ley de Transparencia apenas sería un gato de escayola para adornar el salón de plenos con una influencia insignificante a la hora de detectar e impedir pequeños y grandes casos de corrupción política.