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UGT-Canarias se plantea llevar al Constitucional el ‘caso Fundescan’

   

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Gustavo Santana, secretario general de UGT-Canarias. | JAVIER GANIVET

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El caso Fundescan aún colea. En UGT-Canarias se plantean ahora presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, después de que el Supremo rechazara aplicar el principio de la unificación de doctrina.

Los servicios jurídicos de este sindicato entienden que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, al no entrar el Supremo en el fondo de la cuestión, una vez que ya se había admitido a tramite el recurso de casación al ser “supuestos fácticos iguales”.

Se trata, en efecto, de una sentencia desestimatoria del recurso de casación para unificación de doctrina que interpuso UGT por los despidos de Fundescan. El tribunal no contrastó las dos sentencias con el argumento de que son dos supuestos distintos; posiblemente, porque se dieron en islas diferentes.

En ese sentido, los responsables de la central alegan que en Canarias hay veinticuatro sentencias firmes -una de ellas, de la sala de Tenerife- que desvinculan a ambas entidades. “Cinco autos del Supremo concluyen que ha quedado demostrado que concurrían contabilidades separadas, que Fundescan tenía comité de empresa propio y convenio colectivo, por lo que no existe grupo de empresas ni confusión patrimonial”.

El 22 de julio de 2010, el Juzgado de lo Social número 6 de Santa Cruz de Tenerife declaró probado que la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan) fue constituida en 1996 por UGT-Canarias, representada por quien entonces era su secretario general. En sus estatutos se establece que la fundación tiene personalidad jurídica independiente y patrimonio propio, con capacidad jurídica autónoma. Sus actividades era de carácter formativo y anualmente recibía subvenciones del Servicio Canario de Empleo (SCE). En febrero de 2009, Carmen Déniz (SCE) y Carlos Ucha (UGT) comunicaron a trece trabajadores, de La Laguna, el cese de la actividad “ante la imposibilidad de seguir prestando el servicio en condiciones adecuadas”. Esa notificación “se hizo desde la sede de UGT, sin haber cumplido los técnicos orientadores el programa de actuación fijado al inicio”.

En mayo de 2010, Fundescan aplicó un expediente de regulación de empleo para catorce contratos por razones productivas. Paralelamente, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria reconoció la situación de insolvencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó el 14 de noviembre de 2011 el recurso de suplicación posteriormente elevado al Supremo.

[apunte]Una quiebra de dimensiones siderales
La organización confederal de UGT formalizó a principios de 2011 la adquisición del edificio de Fundescan de la calle Franchy y Roca de Las Palmas de Gran Canaria. El inmueble estaba valorado en unos dos millones de euros. La quiebra de la fundación dejó un agujero de dimensiones siderales, además del daño en la imagen del sindicato vinculado históricamente al PSOE. Varias empleadas llegaron a desnudarse para denunciar que UGT las despojaba de todo.

Según los tribunales, Fundescan pagaba sueldos de los altos cargos de UGT en Canarias. La ex secretaria regional Alicia Rodríguez lo reconoció ante el juez. La cúpula de UGT-Canarias hasta octubre de 2005, con Carlos Ucha al frente, cobraba sus sueldos de funcionarios del sindicato a través de las subvenciones públicas del Gobierno de Canarias. Fundescan surgió en 1996 como Fundación Canaria para el Desarrollo Social, promovida por la UGT a partir de la experiencia acumulada desde 1987 con Fundescoop, de ámbito nacional.[/apunte]