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32 meses de horror

   

Comercio Santa Cruz

Imagen de archivo con pequeñas tiendas, en el centro urbano de Santa Cruz de Tenerife. / DA

G. R. D. G. | Santa Cruz de Tenerife

La actividad del comercio minorista bajó el 10,6% en febrero respecto al mismo mes de 2012, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone 32 meses consecutivos de crisis para el sector.

Este índice intenta mostrar “las características fundamentales de las empresas dedicadas al ejercicio del comercio al por menor en España”.

Así, toma como base “la media mensual del volumen de ventas del año base y la media mensual de los asalariados en el mismo año”.

Si se eliminan los efectos estacionales, la actividad se hundió un 8% en febrero respecto al mismo mes de 2012, dos puntos menos que la caída del 10% registrada en enero.

Sin embargo, sin efectos de calendario, la caída interanual ha aumentado casi dos puntos respecto al desplome del 8,8% de enero.

La caída de la actividad del comercio minorista fue el cuarto mayor desplome sufrido desde 2011.

GOLPE AL CONSUMO

Si no se incluyen las estaciones de servicio, las ventas del comercio minorista se desplomaron el 10,2% respecto a febrero de 2012. En concreto, bajaron el 7% en la alimentación; el 8% en equipo personal; el 12,7% en equipo del hogar y el 12,1% en otros bienes. Las gasolineras perdieron el 13,5%.

Asimismo, todos los modos de distribución han notado la caída de las ventas. Las grandes cadenas perdieron el 4,1% frente al 13% de los pequeños locales. En este desplome le siguieron las pequeñas cadenas (-11,5%) y las grandes superficies (-11,1%).

OCUPACIÓN

Todas las comunidades autónomas tuvieron caídas en la actividad minorista. Los mayores descensos se registraron en la Comunidad Valenciana (–13,7%), Castilla y León (–13,0%) y Galicia (–12,9%). Por su parte, Islas Baleares (-6,8%) y Canarias (-7,1%) presentaron las menores bajadas.

La ocupación bajó el 2% en el mes de febrero respecto al mismo mes de 2012.

Sólo las grandes cadenas crearon empleo (0,4%), mientras que el resto de sectores perdieron puestos de trabajo, incluidos los pequeños locales (-1,8%), las pequeñas cadenas (-4,8%), las grandes superficies (-2,3%) y las estaciones de servicio (-2%).

INSOSTENIBILIDAD=CONCURSO

Relacionado con la larga crisis de la economía española, esta semana se conoció que el 95% de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación.

Así lo refleja el informe Temas candentes de los procesos concursales, elaborado por PwC, que pone de manifiesto que la desconfianza hacia el sistema judicial, la estigmatización del empresario y una legislación que, en materia de insolvencias, parece percibirse como más protectora de los intereses de los deudores, en detrimento de los acreedores, se encuentran entre las principales causas que provocan esta situación.

Si nuestro país se compara con otros estados como Francia, Alemania, Reino Unido, o Italia, los datos muestran que España se sitúa a la cola de Europa en la utilización del procedimiento concursal.

Ante esta situación, las empresas intentan buscar soluciones a la excesiva burocracia y duración de los procesos concursales que provocan una tendencia a la desjudicialización del tratamiento de los procesos de crisis empresariales.

Además de la lentitud de la Administración de Justicia, los empresarios se quejan de que siempre sean señalados como los culpables de la situación y de que, según ellos, se otorga un cierto trato de favor al deudor en contra de los intereses de los acreedores en el proceso concursal.

La Ley Concursal de 2003 instauró un sistema concursal moderno y unitario frente a la anterior dispersión normativa. Sin embargo, ante un contexto de coyuntura económica como el actual, la mayor parte de los concursos que se tramitan concluyen con la liquidación de la empresa, el cese de actividades y el despido de los trabajadores.

En España se acude menos al sistema legal, y mucho más tarde que en otros países, sin que se haya conseguido aumentar el grado de satisfacción de los acreedores.

Cada vez con mayor frecuencia, operadores jurídicos, entidades financieras, medios de comunicación, judicatura e incluso el propio gobierno, están poniendo de manifiesto la necesidad de modificar la regulación vigente en materia de insolvencias.