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Cambios en la Ley de Montes – Por Isidoro Sánchez García

   

El año 2013 es también un año de efemérides relacionado con la naturaleza, con el bosque y con el agua. En Canarias es el caso de dos naturalistas isleños: Viera y Clavijo y Telesforo Bravo. El primero, historiador de las islas Canarias que falleció en 1813, dejó como legado Librito de la Doctrina Rural, en el que se puede leer la importancia de los montes para la vida. El segundo, nacido en 1913, fue maestro de la convivencia, entre la geografía y la naturaleza, entre el bosque y el agua. La década que comprende 2003-2013 es una buena oportunidad para hablar, a escala estatal, de la importancia de los montes como espacios forestales ya que en 2003 se aprobó una norma básica como la Ley 43, de 21 de noviembre, de Montes, que luego se modificó, en más de cuarenta cuestiones, mediante la Ley 10/2006. Ahora, en 2013, el Gobierno del PP justifica modificar esta norma básica con el fin de tener el mejor instrumento posible para la gestión sostenible de las masas forestales españolas. Es decir, para la organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender ahora y en el futuro las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros ecosistemas. Tal como se apunta en la exposición de motivos, esta modificación normativa ahonda en la imbricación del territorio forestal como una parte importante del mundo rural del que forma parte, y a cuyo desarrollo ha de coadyuvar de forma activa. En febrero pasado escribí el artículo Los montes de Cospedal, cuando me entero del interés del Gobierno de Castilla-La Mancha en vender los montes públicos siguiendo el modelo de la desamortización decimonónica para transformarlos en cotos de caza. El colegio y la asociación española de ingenieros de montes, de los que formo parte, se hacen eco de mi artículo y lo publican. Un mes más tarde, la catedrática emérita de Geografía Josefina Gómez Mendoza escribió en El País acerca de la posible venta de los montes públicos en esa misma Comunidad Autónoma, por la misma razón que observé. Evoca la Constitución española de 1978 y el artículo 132 que se refiere a los montes. También me permito añadirle ahora al texto de la profesora universitaria el artículo 45 que trata del derecho de todos los ciudadanos españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; igualmente obliga a los poderes públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. El 22 de marzo, viernes de Dolores, y a su vez Día Internacional del Agua y Día Forestal Mundial, me entero del nuevo proyecto de modificaciones de la Ley de Montes. Comentaristas avisan del camino que se abre para la posible privatización de algunos montes y del riesgo que se corre con la modificación de algunos artículos. Leo las modificaciones de la ley y traslado mi preocupación al colegio.