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Nulidad de hipotecas – Por Mario Santana*

   

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 14 de marzo de 2013 ha declarado que la legislación española es contraria a la normativa europea, y que por tanto debe modificarse. Y se armó tremendo carajal en radios, televisiones y periódicos.

Pero esta declaración no supone la nulidad automática de todas las hipotecas españolas. Ni mucho menos. Para centrar la cuestión es necesario traer a colación nuestra legislación sobre la materia. El juicio para reclamar deudas hipotecarias viene regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se establece que el acreedor hipotecante, generalmente un banco, debe acompañar a su demanda determinados documentos: la escritura de hipoteca y la certificación redactada por el propio banco desglosando la deuda. El Juzgado pedirá al registrador de la propiedad que certifique la vigencia de la hipoteca, tras lo cual requerirá de pago al deudor. Si el requerido no paga íntegramente la deuda reclamada en los treinta días siguientes, el juez señalará fecha de subasta del inmueble hipotecado. Huelga decir que si una persona ha dejado de pagar algunas mensualidades de la hipoteca difícilmente podrá poner encima de la mesa en un mes toda la deuda pendiente de pago. Es fácil deducir por tanto que todo juicio hipotecario termina con la rápida subasta de la propiedad, y consecuente el desalojo de su ocupante.

Pero todo demandado tiene derecho a defenderse. En unos juicios de forma plena, y en otros de forma limitada. Y los juicios hipotecarios limitan las causas por las que el deudor puede oponerse a la reclamación. Establece el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prácticamente solo se admitirá la oposición del ejecutado cuando afirme y pruebe haber pagado la cantidad reclamada. En tal caso el juez paralizará la subasta y abrirá una fase de discusión para comprobar si efectivamente se ha pagado o no la deuda. Pero cualquier otra causa de oposición no será admitida, ni paralizará la subasta.

Pero en la práctica totalidad de los casos, los motivos de oposición versan sobre el carácter abusivo de las cláusulas hipotecarias, siendo por tanto nulas. Pero esa causa de oposición, al no estar prevista legalmente, no resulta admisible en el juicio de ejecución hipotecaria, lo que obliga al deudor a poner otro juicio contra el banco para que otro juez declare nulas algunas de las cláusulas hipotecarias. Pero el juicio hipotecario es mucho más rápido que cualquier otro, por lo que cuando el segundo juez declara la nulidad, ya el primer juez ha subastado la propiedad. Y el deudor ya ha perdido la vivienda y está en la calle.

Y precisamente en ese extremo ha incidido el Tribunal de Justicia Europeo, declarando la necesidad de que el propio juez que conoce del juicio hipotecario admita como causa de oposición y entre a valorar la posible nulidad de las cláusulas de la hipoteca. Y hasta tanto no se resuelva la cuestión, paralice la subasta de la propiedad. Obviamente, el Gobierno de España deberá acometer la oportuna reforma legislativa para adecuar el juicio hipotecario a los dictados del Tribunal de Justicia Europeo. Ni más ni menos.

*LETRADO
abogado@mariosantana.es