X
a babor > Francisco Pomares

Por un solo día – Por Francisco Pomares

   

Hace ahora tres años, en 2010, el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas condenó al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, a tres años y un día de prisión, y lo inhabilitaron para dedicarse a la construcción, por haber levantado un muro alrededor de su finca -una finca de más de 30.000 metros cuadrados- que invadía terrenos rústicos. Fue una sentencia ejemplar y ejemplarizante, por un delito ecológico, lograda gracias al celo del fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas. Por supuesto, Ramírez recurrió la sentencia, que fue ratificada por la Audiencia Provincial, con un único voto particular que pedía la disminución de la pena. La Audiencia fue categórica al asegurar que Ramírez había actuado sabiendo que la zona en la que construyó el muro que se le obligó a derribar, era rústica. Una vez siendo firme la sentencia, el empresario pidió un indulto al Gobierno. Y es aquí dónde la historia se ha liado, adquiriendo relieve nacional. Ramírez es un empresario con importantes relaciones en el mundo de la Administración Pública. La mayoría de sus negocios están relacionados con concesiones administrativas, algunas tan llamativas como la seguridad del complejo del Valle de los Caídos. Ramírez fue condenado a tres años y un día, una condena que en una sociedad tan permisiva con el daño ecológico como la nuestra, muchos han considerado excesiva y desproporcionada.

Si Ramírez hubiera sido condenado a sólo tres años, y dado que el empresario no tiene antecedentes penales, se habría suspendido la pena de ingreso en prisión hasta que el Gobierno resolviera la solicitud de gracia, como suele hacerse en estos casos. Pero no el día de diferencia marca el ingreso en prisión. A pesar de ello, el propio fiscal Ródenas se ha convertido en el principal defensor de suspender la privación de libertad. Y ahora se ha sabido que Ródenas participó y cobró por dictar una ponencia, en unas jornadas organizadas el año pasado por una librería jurídica de Las Palmas, con financiación de una empresa de Ramírez. En una sociedad menos garantista que la nuestra, nadie sospecharía que un fiscal pueda cambiar su posición sobre un condenado por lo que se cobra por presentar una ponencia en unas jornadas.

Probablemente Ródenas ni siquiera tenía conocimiento de que Ramírez -junto con otros empresarios- financiaba esas jornadas. Pero con los antecedentes del caso Garzón, es difícil que este asunto pase sin más.