El Ayuntamiento, condenado a pagar más de 560.000 euros

Fachada del Ayuntamiento de Arona. | DA

JOSÉ L. CONDE | Arona

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado un acuerdo del Ayuntamiento de Arona, por el que se modificó el Contrato de Servicio de Mantenimiento y Conservación de los Edificios Municipales y de las Vías Públicas por falta de concreción de las razones que justificaban dicho cambio, que supone que la UTE Elsamex SA. Tinerfeña de Obras Públicas dejó de percibir 560.330 euros más el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que tendrá que abonar la Corporación. Contra este fallo judicial cabe el correspondiente recurso de apelación de la Corporación local.

Este recurso contencioso-administrativo fue presentado en su día por la citada empresa contra un acuerdo del pleno municipal, de 30 de diciembre de 2010, siendo alcalde José Alberto González Reverón, en el que se modificó el citado contrato con una reducción del precio de 560.000 euros más el IGIC con un informe técnico que recogía la disminución de las frecuencias de prestación del servicio con la finalidad de restringir el gasto municipal.

El fallo del juzgado señala que para modificar un contrato se requiere la audiencia preceptiva del contratista y una motivación específica del interés general con los correspondientes estudios financieros que lo justifiquen, mencionando los hechos y circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en que se basa. Además, indica que para reestablecer el equilibrio financiero del contrato hay que describir con exactitud las prestaciones que se modifican a cambio de la reducción del precio, que se debe formalizar en un nuevo contrato que no se puede cambiar sino en supuestos excepcionales.

Interés público

En este sentido, afirma que no que no hay ningún expediente administrativo que acredite el interés público ni el equilibrio financiero del contrato, sino “un informe técnico cuya insuficiencia ha quedado ya de manifiesto” pues “se hace de modo impreciso y por referencia a una ignorada previa modificación del contrato que eliminó prestaciones del contratista”. Dice también que de confirmarse el acto de inseguridad jurídica “sería tal que a su vez el contratista estaría en condiciones de incumplirlo arbitrariamente al no haberse intentado llegar a un acuerdo”. El Ayuntamiento sureño también tendrá que abonar las costas del juicio.

El PP dice que CC no tiene proyecto

El Partido Popular ha remitido una nota en la cual pone de manifiesto que la liquidación del presupuesto del año 2012, pone de relieve la grave situación del municipio. Los populares recuerdan que el grupo municipal hizo entrega en el registro del ayuntamiento de unas actas notariales que reflejaban la existencia de un número de hamacas superior a un 24 por ciento de las permitidas. Raquel García dice que “pasados más de un mes seguimos sin tener conocimiento de la apertura de ningún expediente que depure responsabilidades ante esta situación”. La concejal del PP recuerda, asimismo, que el importe total por reparos de la intervención, es decir pagos con advertencia de ilegalidad alcanzan ya la asombrosa cantidad de los 13 millones de euros. Llama la atención, a juicio del PP la baja ejecución de gastos en el capital, el Ayuntamiento dispone de fondos pero deja más del 70% de los recursos sin invertir con las necesidades sociales que actualmente pasan muchos vecinos. La gestión del grupo de gobierno es incomprensible porque existen préstamos para proyectos que se dejan de ejecutar. Los populares denuncian que CC no gobierna en Arona y no existe proyecto de futuro.