Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá a la Justicia para retirar antenas de telefonía ilegales

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Concejalía de Urbanismo, emprenderá las acciones necesarias, ya sea por vía administrativa, como de forma judicial, para que las antenas que se encuentran en situación irregular en el municipio sean retiradas de forma inmediata.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, se reunió este lunes con el presidente de la Plataforma contra las Antenas de Telefonía (Planmocan), Antonio Porras, y otros miembros del colectivo, así como con varios técnicos de la Concejalía, para trabajar intensamente porque desaparezcan todas las antenas ilegales del municipio.

En concreto, José Ángel Martín se refirió a la antena de telefonía móvil situada en la calle Caléndula, del Distrito Suroeste y a la ubicada en la calle Calabria, en el barrio de Maria Jiménez.

Estas dos antenas poseen un expediente abierto en ejecución subsidiaria que ordena la retirada de la antena y la eliminación de las instalaciones y según explica el concejal, desde el pasado mes de noviembre se procedió al corte de suministro eléctrico.

Por esta razón, tanto la plataforma de afectados como la Concejalía de Urbanismo denuncian que estas antenas sigan emitiendo una vez que se ha realizado el corte de suministro. Además, instan a la compañía Unelco a que inspeccione las instalaciones de estas estaciones, puesto que las antenas siguen actuando.

Al respecto, Martín indica en una nota que ambos expedientes se encuentran en manos de la Fiscalía, dado que se trata de un “presunto delito” de desobediencia continuada al Ayuntamiento por parte de las operadoras que no han desinstalado sus antenas.

CONCILIAR LA TECNOLOGÍA
“No cesaremos en nuestro empeño por retirar de la trama urbana las estaciones que funcionan al margen de la legalidad, y al mismo tiempo, conciliar el uso de la tecnología y la cobertura para los teléfonos móviles con el derecho a la salud y la obligación que tienen los estamentos públicos de adoptar medidas preventivas”, comenta.

Por otra parte, José Ángel Martín y los miembros de la plataforma mostraron su disconformidad con la modificación planteada en el Reglamento de Actividades Clasificadas, donde las instalaciones de telefonía móvil pasan a considerarse una actividad inocua.