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Berriel acusa a Cañete de legalizar “solo chalés de ricos” en el litoral

   

Domingo Berriel

Domingo Berriel

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El litoral es escenario predilecto de polémicas entre CC y PP. Si ya las prospecciones de petróleo frente a las islas orientales crea tensión entre cargos públicos de ambos partidos, no lo es menos la reforma de la Ley de Costas, de cuyo trámite en las Cortes están pendientes en Canarias 72 caseríos en 1.872 viviendas.

El último motivo de fricción tiene que ver con la intervención del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, esta semana en el Senado, donde reprochó que desde Canarias se haya pedido una “amnistía general” a las casas ilegales en las Costas, algo que además el alto cargo estatal del PP consideró “inasumible en un Estado de derecho”.

Ante estas palabras, el consejero canario de Medio Ambiente, Domingo Berriel, ha negado que esta fuera la pretensión del Gobierno regional y, en declaraciones a este diario, replica al ministro que “lo que hace la ley es mucho peor que una amnistía general: una amnistía parcial, pues coge un a serie de bungalows, de chalés, de personas de alto standing en distintos sitios de la Península y los legaliza”.

Dicho esto, el consejero explica que lo que pretende el Ejecutivo canario “no es una amnistía general, sino la consideración de lo que significan los bienes de interés etnográfico en las Islas y los poblados de pescadores, que deberían tener un tratamiento, no digo adecuado, sino singular, en este proyecto de ley”.

En el Senado, el PP ha introducido una enmienda, con las miras puestas en Canarias, para reducir los requisitos que permiten aplicar 20 metros de servidumbre de protección del dominio público, en lugar de 100. Una medida que Berriel reconoce que “mejora” el proyecto de ley pero que es “todavía insuficiente” para dar “un trato adecuado a Canarias”, por lo que juzgó de “cuanto menos demagógica” la respuesta de Arias Cañete a una pregunta del senador herreño Narvay Quintero, de AHI-CC.

La enmienda presentada por el PP en el Senado permite que la servidumbre de protección quede fijada 20 metros, en lugar de los cien que se aplican con carácter general, en aquellos caseríos que cumplan cualquiera de los dos requisitos que ahora se exigía cumplir conjuntamente: bien tener acceso rodado y servicios de agua, alcantarillado y luz, o bien estar en áreas consolidadas por la edificación al menos en un tercio de su superficie.

Una medida que “flexibiliza” los criterios criterios para legalizar los núcleos afectados en el Archipiélago, según explicó la pasada semana la senadora del PP María Rosa de Haro, en una mesa redonda celebrada en el Parlamento autonómico junto a representantes de otros partidos, organizada por la Plataforma canaria de Afectados por la Ley de Costas. De Haro precisó que se han presentado más de cien enmiendas, incluyendo tres del PP pensadas para Canarias.

La senadora aclaró además que no todos los poblados costeros afectados por la ley vigente en las Islas están amenazados con la piqueta y se quejó de que el Gobierno regional no haya hecho el censo de estos núcleos previsto desde el año 2009.