Cambios – Por Francisco Pomares

Suele decirse que lo urgente no deja tiempo para ocuparse de lo importante. Y es verdad: las urgencias de la crisis parecen haber bloqueado cualquier iniciativa que no tenga que ver con la economía o los servicios sociales. Como tenemos sentencias para todo, hay otra -atribuida a Ignacio de Loyola- que asegura que en tiempos de tribulaciones es mejor no hacer mudanzas. Ahora les ha entrado la prisa a nuestros políticos por poner patas arriba el sistema constitucional heredado de la Transición, como si no hubiera nada mejor de lo que ocuparse. Como opinar es libre, se plantean cuestiones de todo tipo, algunas de ellas bastante interesantes, como la modernización de la monarquía -más transparencia y equiparación de sexos en materia de sucesión- o la conversión del muy apolillado Senado español en una cámara efectivamente territorial y de primera lectura. Son iniciativas necesarias, pero resulta poco creíble plantearlas cuando el país se deshace en la inseguridad económica, política y jurídica. Las propuestas del PP y el PSOE en este sentido suenan como cataplasmas para un enfermo terminal. Es verdad que hay que cambiar algunas cosas que requieren modificar la Constitución, y que hacerlo en medio de las violencias de esta crisis no parece lo más razonable. Pero si se ponen, que se pongan en serio.

La sociedad española está preocupada por los escándalos de la monarquía, y rechaza la inutilidad del Senado. Pero ninguno de esos asuntos está directamente entre los que más preocupa a los ciudadanos. Dejando al margen la crisis económica, la gran preocupación de la ciudadanía es el deficiente funcionamiento del sistema de partidos, y su correlato y consecuencia, que es la generalización de la corrupción política. Las iniciativas de reforma institucional deberían partir de ahí: limitación del poder de los partidos sobre los cargos y del tiempo de mandato de los dirigentes públicos, mayor representatividad de los electos, apertura de las listas, y algunos cambios importantes en la forma en que se manejan los fondos públicos: reducción de sueldos y de cargos que pueden recibirlos, supresión de canonjías, prohibición de la combinación de dietas y retribuciones fijas, transparencia absoluta, inspección de renta y patrimonio específica para cargos públicos, y una fiscalía anticorrupción realmente autónoma del poder político, con mandato de cuatro años, que comience y acabe en mitad de legislatura. La aplicación de esas medidas si supondría un cambio del sistema. Quizá por eso ni se les ocurre discutirlas.