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La construcción privada de 15 colegios creará 2.100 empleos

   

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

La prevista construcción de 15 centros escolares públicos sufragados totalmente por la iniciativa privada generará 900 puestos de trabajo directos y 1.200 de manera indirecta. Así lo informó ayer el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias tras la reunión del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, que analizó este y otros proyectos. En rueda de prensa, Jorge Rodríguez situó la fecha de la entrada en funcionamiento en un horizonte de año y medio desde la adjudicación, en los próximos meses, de estas obras.

Los 80 millones de euros de la financiación serán retribuidos mediante la fórmula del pago por prestación de servicios; es decir, a través de la concesión de la explotación de los servicios auxiliares: comedor, cafetería, mantenimiento, limpieza y vigilancia. Esa será una de las condiciones del concurso.

El portavoz accidental, en ausencia de Martín Marrero, también explicó que una de las opciones que se evalúan para que las empresas beneficiarias recuperen su dinero es la emisión de bonos a cargo de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC).

Rodríguez resaltó que, de esta manera, el coste de estas infraestructuras -en todas las islas excepto La Gomera- no computará como déficit público.

Otro de los asuntos tratados por el comité fue el relacionado con los puertos. En este ámbito de actuación están en marcha 29 planes de colaboración, con importes que oscilan entre los 200.000 euros (para mejoras) y los 100 millones (construcción de puertos de utilidad conjunta pesquera y deportiva).

El grupo examinó, asimismo, los proyectos para los hospitales de La Candelaria (Tenerife) y Doctor Negrín (Gran Canaria), destinados a la ampliación de servicios y aparcamientos. Se espera que la próxima semana ya esté concluido el borrador de los pliegos de condiciones.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el 23 de octubre la creación del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, un “órgano administrativo que pretende agilizar los trámites para iniciativas requieran una especial atención y un seguimiento centralizado.

En el comité participan representantes de las administraciones públicas, expertos, empresarios y sindicalistas.