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El control de huéspedes – Por Sergio García de la Cruz

   

El hospedaje es una actividad relevante para la seguridad ciudadana, por tanto se debe realizar un control de los viajeros que utilicen establecimientos de hospedaje, todo ello mediante el registro documental y la información pertinente. Esto se aplicará a todas las personas mayores de 16 años, quienes deberán firmar de manera inexcusable un parte de entrada cuando se alojen en cualquier tipo de lugar explotado por arrendadores que se dedican de modo profesional o habitual a proporcionar habitación a las personas, con o sin otros servicios de carácter complementario, incluyendo también los campings, apartamentos, bungalós y otros alojamientos similares de carácter turístico.

Por tanto, existe la obligación de tener y cumplimentar un libro-registro de viajeros y de presentar o enviar el modelo oficial del parte de entrada a la comisaría de Policía o, en su defecto, al puesto de la Guardia Civil que corresponda. En cuanto a los libros de registros decir que estará en todo momento a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quedando los establecimientos obligados a exhibirlos cuando se les requieran.

Estos libros deberán conservarse durante tres años, a contar desde la fecha de la última de las hojas registro que los integran, con independencia de que la información contenida en las hojas-registro  debe ser comunicada a las dependencias policiales dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo del alojamiento de cada viajero.

Normalmente, todo este proceso se realiza de manera informatizada con muy buenos resultados, aportando a dicha obligación certeza y, por supuesto, la carencia de un procedimiento más engorroso para los establecimientos, permitiendo que sin tener que desplazarse o utilizar otros medios de transmisión más en desuso se cumpla con la obligación.

Hay que añadir que tanto para la grabación en soporte y posterior entrega, como para la tramitación vía Internet habrán de solicitarse previamente.

Lógicamente, el incumplimiento de las obligaciones señaladas anteriormente podrá conllevar una sanción de hasta 300,51 euros en base al artículo 26.f) de la L.O. 1/1992, que dice: “constituyen infracciones leves de la seguridad ciudadana las irregularidades en la cumplimentación de los registros prevenidos en las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y la omisión de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos establecidos”.

Hay que tener en cuenta que también se produciría una infracción de esta ley si se omitieran datos obligatorios. De todos modos, si esas omisiones son insignificantes, se traducirán en la reducción de la sanción, en la medida que lo permite el artículo 28.1.a) de la Ley mencionada.

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