Corrupción – Por Leopoldo Fernández

Si las cifras de paro que recoge la Encuesta de Población Activa son espeluznantes y no dejan de crecer desde 2008, las de los asuntos de corrupción sometidas a conocimiento de los tribunales de justicia no guardan menor alcance y gravedad. Ateniéndonos a los grandes números, los jueces españoles tramitan actualmente 2.173 causas de especial complejidad, de las que 1.661 pueden ser consideradas de corrupción política y económica; de estas, 197 corresponden a Canarias, con al menos 149 personas, en su mayoría políticos, directamente involucradas. Según un balance provisional divulgado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la corrupción -sea política, económica o social- engloba delitos tipificados en el Código Penal como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, estafa apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, revelación de secretos y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente. Entre los asuntos de corrupción más sonados en las Islas se incluyen los casos Unión, Las Teresitas, Arona, Icfem, Faycan, Eólico, Canódromo, Brisan, Catis, Hemodiálisis, Palmera, etc. Todo un muestrario de lo que no se debe hacer desde las instituciones para el aprovechamiento de unos cuantos. El CGPJ reconoce que la corrupción alcanza a todas las instituciones del Estado y que solo los grandes escándalos contemplados en lo que podrían denominarse macroprocesos penales de especial complejidad suponen unos 1.500 millones de euros de dinero público mal gestionado o robado a gobiernos, corporaciones locales y organismos varios. Canarias es, tras Andalucía, Cataluña y Valencia, la cuarta comunidad autónoma por el número de casos de corrupción, una clasificación espectacular teniendo en cuenta la extensión y el número de habitantes de las Islas. Lo más preocupante es que el correspondiente despacho judicial de estos asuntos se demora en exceso, unas veces por los cambios de destino de los jueves y otra por la falta de medios humanos y materiales. Como siempre, la solución pasa -y así lo reconoce el Poder Judicial- por reforzar el número de magistrados, secretarios judiciales y funcionarios de apoyo. Una justicia eficaz y ejemplarizante debe ser siempre rápida, algo que no suele ocurrir en Canarias, donde los asuntos se eternizan durante años y años aunque buena parte de ellos -en este caso 49- tienen altos grados de dificultad y complejidad. Así las cosas, ¿puede extrañar a alguien que la corrupción sea, tras el paro, la segunda causa de preocupación de los ciudadanos, según las últimas encuestas del CIS?