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El debate sobre los desahucios llega al Parlamento de Canarias

   

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias admite que no sabe qué hacer para adoptar una iniciativa sobre los desahucios similar a la andaluza y así lo ratificó ayer la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas. Como el Estatuto de autonomía no otorga la capacidad de emitir decretos ley, los servicios jurídicos estudian otras vías. De momento, el Parlamento regional ha registrado tres iniciativas para conocer las intenciones del Ejecutivo al respecto.

A la solicitud de comparecencia formulada por Román Rodríguez (grupo mixto) se unieron otra de José Miguel Barragán en nombre de CC-CCN-PNL y una pregunta oral ante el pleno por parte de Dolores Padrón (PSOE).

A la espera de lo que se diga desde el banco azul, los grupos se debaten entre un proyecto de ley y una proposición (promovida por la Cámara). El trámite de la primera de estas dos opciones es más lento. En lo que parece que coinciden todos es en que “algo habrá que hacer” para frenar los desalojos de personas en situación de emergencia social. La diferencia fundamental radica en que la oposición mayoritaria entiende que se trata de un problema nacional que debe resolverse en ese ámbito.

En este sentido, fuentes del PP recuerdan que el Gobierno de la nación “reforzó la protección a los deudores hipotecarios” a través del real decreto ley 27/2012, de 15 de noviembre y resaltan que en determinados aspectos es “más avanzado” que el de la Junta. “No es verdad que estemos de brazos cruzados”, comentan. “La atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción de medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios”. Este era el inicio de la exposición de motivos.

Por el contrario, el PSOE expresa su “total respaldo” a la elaboración de un plan antidesahucios como el andaluz. Dolores Padrón valora que Canarias haya sido de las pocas comunidades autónomas en aplaudir la decisión de la consejera de Fomento y Vivienda de Andalucía, Elena Cortés (IU).

Ninguna otra comunidad autónoma ha querido secundar una medida que fija sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen sus viviendas vacías.