Denuncian ante la Fiscalía las listas de espera sanitarias en las Islas

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Los pacientes y usuarios del sistema sanitario han dicho “basta”. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias trasladó ayer a la Fiscalía la situación de las listas de espera en el Servicio Canario de Salud (SCS), para que investigue si el retraso generado en la atención y sus consecuencias son constitutivas de delito. En su denuncia, la plataforma entiende que la Consejería de Sanidad está incumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 1039/2011, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud SNS.

Además, la asociación considera que “ningún usuario debería estar en una lista oculta, debiendo continuar en el registro de lista de espera, que debe ser público, aunque rechace un centro concertado como alternativa a la realización de la asistencia”. Al respecto, el secretario del colectivo, Arturo Borges, explicó al DIARIO que “el desastroso incremento de las listas de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas como para pruebas diagnósticas y citas con especialistas, consecuencia directa de la política de recortes realizada por el Gobierno canario, se ha constituido en un factor determinante del deterioro en la salud y calidad de vida de miles de personas, llevando incluso procesos patológicos hacia la irreversibilidad con consecuencia de muerte o de grave cronificación”.

Por este motivo, la asociación, que se inscribe dentro del Foro por la Defensa de la Sanidad y la Salud Pública en Canarias, abrió hace un año una página web (denunciatucaso.org) para que los ciudadanos puedan detallar sus quejas sobre el sistema sanitario, al objeto de contar con una base documental suficiente para desarrollar una Iniciativa Penal Popular, similar a la que se presentó en Cataluña.

“La Consejería de Sanidad tiene que abordar inmediatamente las listas de espera”, subrayó Arturo Borges, que también demandó una mejora en la gestión de los centros públicos y una modificación de la política de recortes, “que desde 2008 hasta la actualidad ha menguado en más de 500 millones el presupuesto sanitario, a los que hay que sumar para este año una reducción de 218 millones (el 8% de sus fondos) del SCS”.

El secretario de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que presentó su denuncia en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, reiteró que “en el capítulo de personal se ha sufrido una reducción de 2.000 empleos, y en los hospitales públicos los tiempos de espera quirúrgica superan el doble de la media estatal tras el cierre de quirófanos por la tarde”. “Estamos asistiendo a un progresivo desmantelamiento de la sanidad pública en las Islas, encaminado a la privatización”, acusó Borges, que calificó de “ridículas” las medidas propuestas por el presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, para rebajar las referidas listas de espera.

Junto a la denuncia, la plataforma realizará hoy una acampada de protesta en la explanada de consultas externas del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas y animó a los ciudadanos a que denuncien en los juzgados de guardia, en la fiscalía, en la Oficina de Defensa del Usuario Sanitario o en el diputado del común.

[apunte]Los médicos animan a que se denuncie
Desde hace meses, el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Comtf) viene manifestando que existen mecanismos legales para denunciar las esperas prolongadas. El propio presidente del Comtf, Rodrigo Martín, recuerda que la propia Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, en su artículo 4, establece los “plazos máximos de respuesta a determinados procedimientos quirúrgicos a cargo del Servicio Canario de la Salud”. Se trata de una Orden de 26 de diciembre de 2006, por la que se modificaba el anexo I de la Orden de 15 de mayo de 2003, con el objetivo de “establecer los mecanismos necesarios para adecuar la oferta asistencial a las demandas y la aplicación del derecho a la garantía de respuesta asistencial”. En dicha orden, por ejemplo, se establece que los “plazos máximos de acceso garantizado” a una intervención de cataratas, una colecistectomía o una prótesis de cadera están en 90 días. “Pasado ese tiempo, cualquier persona puede reclamar al SCS para que le dé una solución”, expone Martín, quien subraya que “incluso puede acudir a una clínica privada, y será Sanidad quien deba asumir el coste”. “Los tiempos máximos de espera quedan fijados por una línea roja de urgencia; es decir, el tiempo que delimita que el problema se agrave y ya no haya posibilidad de solución”, concluye el facultativo.[/apunte]