Denuncian la aplicación de criterios arbitrarios por la Oficina de Extranjería de Santa Cruz

Las organizaciones presentaron un manifiesto conjunto en el reloj de flores del Parque García Sanabria. / JAVIER GANIVET

J. L. CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La mayoría son mujeres, inmigrantes sin papales con hijos nacidos en España. Hace un año, el Gobierno les ofreció la posibilidad de regularizar su situación a través del arraigo familiar. Con esa promesa y un permiso de residencia temporal, la mayoría de ellas trató de asentarse en nuestro país, algo que ahora cuestiona el mismo Ejecutivo que les otorgó esa condición.

Eso es, al menos, lo que denunciaron ayer en rueda de prensa 25 organizaciones sociales y de derechos humanos, quienes alertaron sobre los criterios de actuación que está llevando a cabo la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife en relación a la renovación de los permisos de residencia temporal de mujeres extranjeras madres de menores de nacionalidad española. En concreto, según aseguraron representantes de varios de esos colectivos, solo en la Isla al menos 25 madres y dos padres han quedado en situación administrativa irregular por este motivo, a pesar de que siguen estando a cargo de menores españoles. Y esto es solo la “punta del iceberg”, puesto que se cree que pueden existir muchos más casos.

“INJUSTA INTERPRETACIÓN”

Según explicaron las mismas fuentes, “estas madres consiguieron regularizar su situación gracias a la última reforma del Reglamento de Extranjería, tras años de calvario y de injusta interpretación por parte de las distintas administraciones”. Con anterioridad a dicha reforma, existían ya numerosas sentencias judiciales de tribunales españoles, así como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que se establecía que debía concederse autorización de residencia, preferentemente de larga duración o de residencia permanente, a aquellas personas extranjeras que tuvieran a su cargo a hijos e hijas menores de nacionalidad española o comunitaria.

Dichas sentencias, así como las recomendaciones del defensor del pueblo, dieron lugar a que, con motivo de la reforma del Reglamento de Extranjería en abril de 2011, se introdujera la figura del arraigo familiar para progenitores de menores nacidos en nuestro país.

Sin embargo, según declararon las portavoces de algunos de estos 25 colectivos sociales, “desde la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife se está procediendo a denegar de forma arbitraria y sistemática la prórroga o renovación del permiso de residencia a muchas de estas madres al cumplirse el primer año de concesión del mismo, dejándolas en situación administrativa irregular, con los perjuicios que esto supone, tanto para ellas como para sus hijos e hijas de nacionalidad española”.

Asimismo, los miembros de estas organizaciones -entre las que se encuentran Médicos del Mundo y Amnistía Internacional- informaron de que “algunas madres están siendo objeto de sanciones administrativas, a raíz de la denegación de estos permisos, que en ocasiones llegan a alcanzar los 500 euros”.

De igual modo, los colectivos firmantes del comunicado exigieron a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, y por ende a la Delegación del Gobierno, que ajuste sus criterios de actuación a la legalidad vigente, y que “cumpla correctamente” con sus obligaciones de interpretación en la aplicación de la normativa española y comunitaria en esta materia.

Los colectivos sociales tienen conocimiento de que al menos 25 madres y dos padres han quedado en situación irregular por este motivo, a pesar de que siguen estando a cargo de menores españoles. “Y esto es sólo la punta del iceberg, puesto que se cree que pueden existir muchos más casos”