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Dormir entre cartones – Por Saray Encinoso

   

Su despertador suena a las siete de la mañana. Es sábado y Jorge Contini no tiene que ir a trabajar. Si fuera lunes o martes tampoco importaría. Hace mucho que se quedó sin trabajo, pero madruga porque en La Ventilla, la residencia para personas en peligro de exclusión social en la que vive, tiene un estricto horario. Si no llega a la hora no hay desayuno. Y Jorge ya ha perdido muchas comidas desde que hace más de un año lo desahuciaran. Se pone un chándal, sale de su habitación -la número 15- y baja las dos plantas que le separan de la cocina y del comedor. Se toma el café y las tostadas. Evita pensar. Se pasó meses sin poder comer caliente a diario y sin un techo, pero hace diez días eso cambió.

La residencia, con pensión completa, le cuesta 350 euros que puede pagar gracias a los 400 que empezó a cobrar hace poco por transformar informes contables en lenguaje jurídico. Sabe algo de eso: estudió económicas y empresariales, aunque parece que fue hace mil años. En los últimos tiempos su vida ha cambiado demasiado. En 2005 sufrió una hemiplejia de la que aún tiene secuelas. Dos años antes había dejado su trabajo en Renfe al comprobar que ganaba más dinero vendiendo libros. Pero tras el ataque ya no podía visitar a la gente y perdió el contacto con muchos de sus clientes. En 2008 la crisis remató su negocio. Tiró de su plan de pensiones hasta que se le acabó. Después vinieron 14 meses sin pagar el alquiler, muchos llantos y el desahucio.

La historia de Jorge es solo una más. La incluyó la revista digital Fronterad en un extenso reportaje sobre desahucios. La vida de Jorge habría sido distinta si se hubiera acogido a la dación en pago, aunque también habría perdido su casa. En 2012 más de 30.000 personas se quedaron sin sus hogares: casi 2.000 vivían en Canarias. Es increíble, pero estas tragedias no han generado un debate real sobre el sistema hipotecario español. Canjear la deuda por la vivienda es una alternativa en muchos países porque para demasiadas personas llega a ser la única opción, pero nunca podrá ser la regla general: puede incrementar la volatilidad del precio de los inmuebles, atraer a los especuladores, dificultar el acceso a la compra de viviendas, reducir la cantidad de dinero que los bancos están dispuestos a prestar, acabar con la cultura de pago y más cosas. La dación en pago debe existir, y debe aplicarse, pero necesitamos normas más garantistas, igual que necesitamos una economía, un estado de bienestar y una ética que no permita que Jorge, ni nadie, tenga que dormir entre cartones.

@sarayencinoso