Dos buenas ideas, dos malas soluciones – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

El Ejecutivo de Paulino Rivero ha lanzado a la palestra dos buenas ideas, aunque su concreción está resultando penosa: los comedores de verano para niños en edad escolar y la paralización de los expedientes de ejecución de desahucios que afectan a familias en situación de emergencia social o amenaza para su salud física y psíquica. Es una lástima que, bien por su anuncio precipitado, bien por falta de elaboración, en ambos casos el Gobierno se haya quedado con la sola renta efectista de los titulares periodísticos en prensa, radio y televisión, lo que da la impresión de que ha convertido una buena acción política en lo que Groucho Marx llamaba, con su ingenio de siempre, “el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

Atender a los niños desarraigados, en situación de pobreza objetiva o con graves problemas familiares, constituye un acto de solidaridad social al que no siempre prestan la debida atención los gobernantes, por falta de calidad humana. Sin embargo, los difíciles momentos que numerosas familias viven en Canarias en el orden socioeconómico deberían propiciar la instauración de una auténtica política social que atienda por encima de todo a los más desfavorecidos, a quienes sufren más directamente los efectos de la crisis y el paro, a todos los que se encuentran en riesgo de exclusión social y sin medios de subsistencia.

UN PACTO ENTRE TODOS

En este contexto, apostar por el funcionamiento de los comedores escolares durante las vacaciones de verano -meses de julio y agosto- muestra una sensibilidad social encomiable. Se ha hablado de 132 colegios y unos 6.000 u 8.000 niños favorecidos, pero las cifras parecen un tanto aleatorias a la vista, por un lado, de la distancia existente entre los propios centros escolares que sean elegidos, y por otro, del verdadero alcance de la pobreza infantil en las Islas, que según Unicef afecta a unos 110.000 pequeños el, 29%. Como quiera que los ayuntamientos canarios atienden a unas 500.000 personas en situación de pobreza, de las que 165.000 tienen hijos menores a su cargo, y que 70.000 niños almuerzan cada día en los colegios -más de 20.000 de ellos con ayudas oficiales-, no resulta descabellado aventurar que pasen de 8.000 los pequeños que necesiten almorzar en las escuelas durante las vacaciones de verano.

El Gobierno canario se va a ocupar de la gestión y coordinación de todas las actuaciones, que son muchas porque afectan también a la inmersión lingüística y a las actividades deportivas que funcionarán en los centros escolares, de modo que los alumnos que vayan a comer aprovechen también el tiempo en actividades complementarias; éstas estarán abiertas a todos los muchachos que lo deseen, de modo que quienes asistan a los comedores no se vean señalados o estigmatizados. El papel de los ayuntamientos se dice que va a ser mínimo ya que, según acuerdo de la Fecam, los ayuntamientos no disponen de recursos para el transporte, las aperturas y cierres de los centros y su limpieza. Aun así, es imprescindible el entendimiento entre el Ejecutivo y las corporaciones locales. Así pues, el Ejecutivo deberá pechar con todo: el presupuesto general, la contratación del catering y el transporte escolar, la elección de los centros por zonas, la selección de vigilantes, profesores (se habla de unos 250), monitores y personal necesario para la atención de los niños, entre los que serán también aceptados alumnos de la ESO de familias que se encuentren en dificultades, dada la flexibilidad que el Gobierno pretende dar al programa.

EXPROPIACIÓN DE USO

Menos oportuna parece la intención del Gabinete canario a la hora de seguir las tesis demagógicas e intervencionistas del Gobierno andaluz en orden a expropiar durante tres años el uso de la vivienda a los bancos, inmobiliarias y entidades tenedoras de pisos, en los casos de familias incursas en procedimientos de desahucio que cumplan con una serie de requisitos y estén en riesgo de exclusión social o de grave enfermedad, así como de fomentar el alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles. El asunto puede que sea constitucional con arreglo a la “utilidad pública” e “interés social” que debe cumplir la propiedad privada, pero ya veremos lo que dicen los órganos competentes del Estado y de la Unión Europea.

Están en juego la seguridad jurídica, las condiciones pactadas por España con Bruselas para el rescate bancario, que podría vulnerar el decreto-ley andaluz, y los límites del derecho de propiedad y de la expropiación misma, que no parece lógico que esté al alcance de una comunidad autónoma sino sólo del Estado, lo mismo que la fijación del justiprecio del bien patrimonial expropiado o del uso del mismo. Otro tanto sucede con la aparente primacía que otorga el Gobierno de Andalucía al derecho adquirido mediante una regulación singular de la reversión frente al derecho de propiedad del que se priva al banco dueño del piso, así como de su uso y de la posibilidad de venderlo o alquilarlo. También constituye una, cuando menos, anormalidad el intento de solución de un problema en la fase de ejecución de sentencia. Por qué acudir a la expropiación de uso si se dispone de un parque de viviendas propio -de más de 5.000 en el caso andaluz-, inicialmente suficiente para atender las necesidades de las familias con problemas sobrevenidos e incursas en desahucios? ¿No será que se buscan titulares y efectos añadidos para desacreditar las soluciones que, revolucionarias en comparación con la legislación actual aunque seguramente insuficientes, se aportan desde el Gobierno central con la nueva ley sobre desahucios?

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Las mismas preguntas pueden hacerse al Gobierno de Canarias en su alocada política de seguidismo de las pautas del presidente Griñán, más propias del viejo intervencionismo bolchevique -no en vano la consejera de Vivienda andaluza es comunista hasta la médula, como ella misma ha dicho- que de soluciones sin necesidad de retorcer la interpretación de la ley y su alcance jurídico. En las Islas existe un parque público de al menos 500 viviendas de protección oficial cerradas o en desuso, además de otras tantas sujetas a procedimientos de desahucio, que por cierto el Gobierno no había parado hace menos de un mes, lo mismo que su homólogo sevillano. Teniendo en cuenta que el año pasado en Canarias se produjeron 2.400 desahucios (1.941 instados por entidades bancarias), de ellos menos del 5% con afectación a familias en peligro de exclusión social, parece una oferta más que razonable para echar a andar.

Más que expropiaciones de uso, hacen falta imaginación y sentido común, sobre todo sentido común. La Ley de la Vivienda vigente permite actuaciones que podrían contribuir a resolver el drama de algunas familias a las que es preciso ayudar en estos difíciles momentos. Pero si el alcance de las normas vigentes no fuera suficiente, háganse otras ad hoc sin necesidad de copiar las discutibles ideas de otros o entrar en terrenos jurídicamente escabrosos y delicados por su propia naturaleza, más aún si éstos no resuelven los problemas de fondo planteados con la vivienda en Canarias. Enredarse en toda la parafernalia burocrática que entraña una intervención como la que se pretende parece un objetivo caro, complejo y desmedido, si existen, como es el caso, alternativas más sencillas. Por ejemplo, la creación de un fondo de maniobra y solidaridad regional para su distribución a través de los ayuntamientos en función de las necesidades de alquiler. Mientras tanto, elabórese hasta septiembre la redacción de otra Ley de la Vivienda que se adapte a la nueva realidad comunitaria, española y específicamente canaria, con arreglo a las necesidades isleñas y la evolución del mercado. Incluyendo, si procede, la creación de un impuesto sobre pisos vacíos de bancos y constructoras. Y pagando a su debido tiempo, no como se hace ahora, las ayudas y subvenciones para casos de hipoteca joven, alquileres, rehabilitaciones y mejoras de la vivienda.