Echar más sal en las heridas de la crisis – Por Ana Oramas

El Partido Popular vetó esta semana en el Congreso una iniciativa en la que se exigía al Gobierno que mantuviese su apoyo al Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en las corporaciones locales. Los populares evitaron con su voto en contra que prosperase una propuesta necesaria para garantizar el único apoyo en el que se sustentan cada vez más familias.

Conviene hacer un poco de memoria sobre el hito que supuso en su momento la creación de este plan, que nació en 1988 cuando gobernaba el PSOE de Felipe González y marcó un antes y un después, porque supuso el inicio de un avance que significaba dejar atrás un modelo obsoleto, basado en la beneficencia, e iniciar un proceso preventivo y de integración que se preocupaba no sólo por los derechos, sino por la dignidad de las personas atendidas.

Recuerdo esto porque si fue un gobierno socialista quien abrió ese camino de progreso junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, resulta, cuanto menos, curioso que otro gobierno socialista, el presidido por Zapatero, abriera el camino para su extinción, comenzando, en su último año, con un recorte del 10 por ciento.

En Canarias, el Plan Concertado es de una enorme relevancia. Es la Comunidad que mayores recortes ha sufrido por parte del Estado y ello a pesar de que tenemos más de un 33% de paro, los salarios más bajos y el mayor porcentaje de pensiones no contributivas. A esto hay que sumarle que es el territorio con mayor numero de familias monoparentales, con un adulto y dos o mas niños, por lo que siempre habrá en las Islas más menores bajo el umbral de la pobreza. El Gobierno del Estado, conociendo estos datos, en el último ejercicio presupuestario, redujo en un 43,3 % la dotación del Plan, que pasó de 3,7 millones de euros a 1,7 millones, además de eliminar otras muchas partidas de enorme importancia para el bienestar social. Eliminar este Plan deja en situación de desamparo a miles de ciudadanos canarios y a los ayuntamientos, la primera puerta a la que llaman quienes necesitan atención urgente.

Para Canarias, esto supone que quede en suspenso la atención que se realiza anualmente a unas 300.000 personas que acuden a los ayuntamientos en busca de apoyo. Personas a las que muchas veces no se pone cara, pero que la tienen. Y quienes hemos sido alcaldes, la conocemos muy bien. La eliminación del Plan acabará, además, con los miles de puestos de trabajo (en Canarias son más de 2.000) de profesionales del área de lo social.

Se recorta, por tanto, un servicio integral para la atención de las familias más desfavorecidas, para las personas dependientes, los mayores y las personas con discapacidad, que ya no podrán encontrar en el ayuntamiento de su municipio un lugar al que acudir cuando las circunstancias adversas aparezcan. Tampoco se podrán prestar los servicios que contempla la Ley de Dependencia, como los servicios de Teleasistencia, Ayuda a domicilio, Centros de Día o atención residencial.

El PP legisla desde la contradicción más absoluta. Acabando con la financiación del Plan de Concertación dejan en manos de los ayuntamientos toda esa carga económica que no van a poder asumir. Y, al tiempo, proponen una Reforma de la Ley de Bases de Régimen local que les despoja de las competencias en Servicios Sociales.

Esta doble vía contradictoria nos aboca a una vuelta a la caridad y a la beneficencia de tiempos pretéritos. Un retorno a modelos asistenciales que merman los derechos de los usuarios y que atentan contra la dignidad de las personas. Y eso no se puede permitir. No se puede echar más sal en las heridas de quienes están padeciendo lo peor de esta crisis.

*DIPUTADA DE COALICIÓN CANARIA