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Las escuchas ilegales liberan otra vez a imputados por narcotráfico

   

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Una vez más, la nula justificación para autorizar unas escuchas telefónicas ha dejado en libertad a varios imputados por narcotráfico, impidiendo así que los magistrados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se vean forzados a absolverles antes de poder valorar si realmente son o no autores de un delito contra la salud pública.

En esta ocasión han sido los jueces de la Sección Segunda quienes han tenido que anular unas escuchas a solicitud del abogado defensor de cuatro de los cinco imputados, José Domingo Plasencia. El motivo es el habitual: el juzgado de Instrucción número 4 de Arona las aprobó en 2010 sin exponer debidamente los motivos que le impulsaban a dar vía libre a tan grave intromisión en la intimidad de unos ciudadanos, tal y como exige la legislación vigente y se recoge en incontable jurisprudencia.

EL RESTO, A LA ESPERA

Los resultados son también los habituales: dos de los cinco imputados han resultado absueltos en plena vista oral, mientras que habrá que esperar a la sentencia para saber cómo puede afectar a la acusación que sigue pesando sobre los otros tres.

De la gravedad del caso da buena cuenta el hecho de que a los dos que ya han sido puestos en libertad (uno de los cuales llegó preso al juicio tras dos años y medio de privación de libertad) les pedía el Ministerio Fiscal nueve años de cárcel y multa de un millón de euros al primero, por ocho años de cárcel y multa de 900.000 euros al segundo.

Como referencia sirva el dato de que, hoy por hoy y tras la última reforma, lo máximo para una mula o correo del narcotráfico no suele superar los cuatro años de prisión.

Por lo que respecta al caso en cuestión, la acusación consideraba probado (ahora sabemos que de parcialmente por vías ilegales al anularse las escuchas) que la red fue detectada por primera vez cuando se tuvo conocimiento en julio de 2010 que un vigilante de seguridad de Barajas (Madrid) planeaba junto a otro organizar una trama para traer cocaína desde Venezuela a Tenerife.

Aunque estaban avisados de tales planes, fue el instinto policial de un guardia civil el que detectó el 27 de agosto del mismo año la llegada de un tercer integrante con 1.249 gramos, desbaratando los planes del vigilante, que pretendía facilitar la llegada de la droga.

A pesar de que no se arrestó a ninguno de los dos organizadores, ambos decidieron seguir con sus planes y vuelven a intentarlo en el aeropuerto Tenerife Norte (Los Rodeos) en un avión llegado de Caracas el 23 de septiembre del mismo año.

EN PLENO VUELO

Es en este punto cuando la Fiscalía asegura que necesariamente se tuvo que contar con la colaboración de trabajadores del aeropuerto de Caracas (Maiquetía Simón Bolívar), ya que fue en pleno vuelo cuando tres de los imputados dieron al cuarto los 7.885 gramos de cocaína que los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía -ya alertados- le intervinieron a su llegada a Tenerife, además de proceder al arresto de todo el grupo.

Concretamente fueron miembros de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) los que intervinieron con plena deligencia en el operativo llevado a cabo aquel sábado en Los Rodeos.

Ahora, y tras el juicio oral, la nulidad de las escuchas telefónicas ha devenido en la absolución de dos de los imputados, uno de los cuales fue puesto en libertad ya que inició el juicio como preso. Igualmente, se decretó la devolución de los objetos y dinero decomisados a los dos ya desimputados.

Sobre el resto pesan acusaciones nueve años de prisión y multa de un millón de euros para uno para uno de ellos, más siete años y nueve meses de prisión y multa de 600.000 euros para los dos restantes, todos ellos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

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Con 100.000 éxtasis y casi todos libres

Sin duda el antecedente más sonado en el que la nulidad de unas escuchas telefónicas se traducen en la liberación de unos imputados por narcotráfico tuvo lugar en diciembre de 2011.

Fue entonces la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife quien liberó a casi todos (11 de 12) los acusados de pertenecer a una red a la que se le intervino nada menos que cerca de 100.000 pastillas de éxtasis en la Isla. El único condenado pagó bien caro haber confesado antes los hechos por los que se le imputaban.

El motivo para anular las escuchas fue, como casi siempre, que el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Arona (curiosamente, el mismo que en el caso actual, aunque desde entonces -2005- ha cambiado muchas veces de responsable judicial) no razonó debidamente por qué autorizaba este espionaje a tres de los entonces sospechosos que luego desembocaron en las detenciones practicadas. Recordar que el juez debe motivar las escuchas en indicios probados que justifiquen la vulneración del derecho a la intimidad, mientras que el auto de Arona se limita a “menciones generales a los derechos fundamentales y al delito contra la salud pública”.

En resumen: 139 años de cárcel solicitados por la Fiscalía para 14 encausados y, al final, un condenado a cuatro años de prisión que confesó.

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