Expropiaciones – Por Francisco Pomares

La aplicación de una interpretación arbitraria y abusiva de la ley hipotecaria por parte de la banca española ya ha provocado la condena de la Justicia europea, y abierto un frente de protesta contra los desahucios que se está convirtiendo en un movimiento social muy potente y activo. Mientras los jueces españoles toman nota y usan los recovecos legales para complicar la acción de los bancos, la política responde a esa nueva realidad social de rechazo generalizado a los abusos hipotecarios con los mecanismos que le son propios, que son la propaganda y las leyes. El Gobierno de Rajoy aprobó un decreto contra el desahucio de mínimos muy mínimos, que deja fuera de cobertura a la práctica totalidad de las familias con problemas, mientras el discurso se blinda tras un argumentario que tilda de nazis a quienes se pasan en las protestas. En Andalucía, el Gobierno del PSOE e Izquierda Unida, ha aprobado un decreto que permite la expropiación a los bancos de las viviendas embargadas, que resulta claro en sus objetivos pero muy confuso en su aplicación. Y en Canarias, el presidente Rivero se ha apuntado rápidamente al modelo andaluz, anunciando la inminente presentación de un decreto similar. El problema es que Rivero ha sido incapaz de explicar qué es lo que se va a expropiar, cómo se va a hacer y con qué se van a pagar las expropiaciones. Mientras eso no se sepa, sus declaraciones no dejan de ser un nuevo brindis al sol que solo añade más confusión a un patio ya muy revuelto.

Rivero es especialista en abrir expectativas que no pueden cumplirse. Ha sido su técnica habitual en cuestiones tan dispares como la creación de empleo, la residencia de comunitarios, la regulación del trabajo de extranjeros, la segunda maleta o la creación de una logística gubernamental para el reparto de alimentos a los más necesitados. Asuntos que luego se han quedado apenas en un par de líneas de titular. Nuestro líder carismático se maneja bien en los titulares, pero mal -muy mal- en la concreción legislativa de sus iniciativas.

Cualquier medida sensata que ayude a los ciudadanos a mantener sus casas debe ser apoyada. Pero uno empieza a estar harto de marrullerías y falsedades. Haría bien Rivero en poner pronto negro sobre blanco su proyecto y explicarnos con el dinero de quién se van a pagar las expropiaciones. Y mientras, no estaría mal que tomara alguna decisión sobre las 900 viviendas sociales que Visocan mantiene sin ocupar.