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Fiscalizar la democracia – Por Saray Encinoso

   

Cuando comenzó la crisis la mayoría vio cómo sus sueños se rompían; otros, sin embargo, atisbaron en el horizonte un caladero de oportunidades para los supervivientes y una especie de renacimiento moral generalizado. Creían que las estrecheces de estos años harían germinar ideas prodigiosas y que la indigencia ética tarde o temprano desaparecería. Se empeñaron tanto en ello que esta idea se convirtió en un discurso muy utilizado en foros sobre el futuro de la economía española. El problema de este mantra es que, además de que parecía sacado de un libro cruel de autoayuda, era repetido por los teóricos de la crisis, aquellos que nunca tuvieron que enfrentarse a la angustiosa cola del paro. El tiempo no les dio la razón: seis años después no hay decálogo nuevo de valores ni espacio para que miles de emprendedores forzosos saquen a España del hoyo. Pero, entonces, ¿qué nos está dejando la crisis?

Es difícil tener esperanza en los tiempos que corren, pero el desastre financiero está consiguiendo impulsar un debate sobre el sistema político que queremos. Durante las tres décadas de libertad que ha vivido España llegamos a pensar que la democracia era ir a votar cada cuatro años. Nos olvidamos de la tarea de fiscalización. Ahora, con la crisis, nos hemos dado cuenta de que ya no vale ser apolítico y de que no se trata solo de elegir a nuestros representantes, sino de controlarlos, de asegurarnos de que cumplen con su programa electoral, de que no prevarican, de que están capacitados para desempeñar su función y de que defienden el Estado de Derecho. Decir que estamos consiguiendo que todo eso se cumpla es mentir descaradamente. Solo hace falta ver cómo el Partido Popular aprueba un decreto a medida para que un banquero no tenga que dejar su puesto (después de que los socialistas intentaran un indulto total). O cómo la Unión Europea trata como títeres a los gobiernos nacionales e impone su dogma de la austeridad. O cómo ignora las sentencias de un tribunal portugués que dice que los recortes a los funcionarios “son inconstitucionales” porque ignoran el principio de igualdad.

No sé si llegará la regeneración democrática ni cuándo, pero sí que es una necesidad para la sociedad y para la clase política. Quizá esa sea la mejor idea que hemos tenido desde que empezó la crisis, aunque no haya sido el mantra elegido por miles de gurús.

@sarayencinoso