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El futuro de la Fundación – Por Francisco Pomares

   

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado las medidas cautelares planteadas por Álvaro Arvelo en nombre de un grupo de responsables de la antigua CajaCanarias contra la intervención del Gobierno nombrando una gestora para hacerse cargo de la fundación. El auto es contundente: considera que los recurrentes no pueden culpar al Gobierno de poca diligencia, cuando fueron ellos los que retrasaron el proceso, y los penaliza a pagar las costas, algo que tendrán que hacer probablemente de su propio bolsillo, ahora que ya no cuentan con el control económico de los fondos de la fundación.

La batalla legal puede continuar, y probablemente lo hará, pero Arvelo ha sido ya derrotado. De hecho, eso ocurrió incluso antes de perder las medidas cautelares, cuando parte de los patronos civiles nombrados por la asamblea de la caja empezaron a cuestionar la falta de información interna y las decisiones relativas a retribuciones. Arvelo creyó que todo podía seguir siendo igual después de desaparecer la entidad financiera, que podía seguir dirigiendo ese cotarro sin asumir responsabilidad alguna en la voladura de la caja. No entendió que -más que cumplidos ya los setenta años- el relevo no solo era conveniente, sino también inevitable. Pasarán un par de años antes de que haya sentencia firme, y para cuando ese tiempo concluya, la fundación contará ya con un nuevo sistema de gestión. Ahora de lo que se trata es de aclarar de una vez por todas sus cuentas, especialmente en lo que atañe al verdadero patrimonio de la caja, hoy instalado en la confusión, y a aprobar un cuadro salarial más razonable para los empleados que el diseñado por Arvelo, que establecía para sí mismo y otros antiguos dirigentes de la caja unos pagos escandalosos. Ahora hay que tranquilizar a la ciudadanía sobre el destino de los fondos y -sobre todo- garantizar la continuidad de la Obra Social, más necesaria que nunca en estos momentos de grave crisis económica. La primera tarea de la nueva gestora, que debe pasar ya a ocupar las instalaciones en las que se habían atrincherado los antiguos directivos, debe ser poner en marcha la Obra Social sin demora alguna.

Para hacerlo, no estaría de más evitar cualquier tentación a la venganza y el linchamiento y contar desde el minuto uno con los profesionales de la Obra Social. Son personas competentes y honestas que no tienen por qué ser apartadas de sus funciones sólo por compartir experiencias, afectos o apellidos con los antiguos directivos.