Jesús Oliva: “La ley en esta crisis es muy rígida a favor de los bancos”

Jesús Oliva, en su despacho de administrador de fincas, en la capital tinerfeña. / FRAN PALLERO

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La crisis económica ha creado dificultades añadidas al complicado mundo de las comunidades de propietarios, como la de la morosidad en las cuotas, que solo en 2012 aumentó un 19%. En Tenerife, más de 300 profesionales colegiados prestan el servicio de gestionar estas propiedades. Al frente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas en la provincia se halla Jesús Oliva, quien sostiene que la legislación, durante esta difícil coyuntura económica en España, está siendo “demasiado rígida en favor de los bancos” en cuanto a las ejecuciones hipotecarias, por lo que es necesario que la ley sea “más equilibrada”.

-Administran ustedes un bien, el de la vivienda, cuyo boom y cuyo crack están en el origen de esta situación económica. ¿Cómo les afecta a ustedes la crisis?

“La crisis nos ha venido más tarde y con menos intensidad que a promotores e inmobiliarias; y es posible que algún colegiado haya tenido que despedir a algún empleado, pero en un porcentaje insignificante de momento. El problema ahora mismo es que con la crisis, y al no tener dinero, las comunidades de propietarios han optado por ahorrarse el que destinaban a administradores. Llevamos manteniendo precios dos o tres años, pues a nadie se le ocurre subir ahora honorarios, y en algunos casos se ha bajado la cuota”.

-¿Cuáles son las funciones de un administrador de fincas?

“El hecho de que el propietario confíe en un administrador tiene sus ventajas y además da una garantía saber que pertenece a un colegio oficial; tiene un seguro de responsabilidad civil por si se equivoca, como todo el mundo, tiene un despacho abierto al público, y está asesorado por otros profesionales”.

-Pero ¿están bien definidas legalmente cuáles son las responsabilidades de un administrador y cuáles las de los propietarios?

“Quien tiene que tomar la iniciativa en una comunidad es la junta de gobierno. Pero en edificios muy pequeños, con diez propietarios y donde hay un presidente, un vicepresidente y un administrador, es el presidente el que siempre lleva la iniciativa en cuanto a decisiones, aunque el administrador siempre tiene que estar orientándole y asesorándole. La Ley de Propiedad Horizontal permite también que, si el administrador observa un peligro inminente para la propiedad o las personas, debe actuar de inmediato, y luego dar cuenta a la comunidad”.

-¿Qué problemas se encuentran en la gestión de las comunidades?

“El de la morosidad es uno de los principales, porque cuando se hace un presupuesto, luego resulta imposible de cumplir porque no hay suficientes ingresos”.

-¿Ha aumentado mucho la morosidad por la crisis?

“Sí. Hasta fines del año pasado venía diciendo que el aumento en Tenerife era muy ligero, pero ya tenemos que hablar de cifras importantes. A nivel nacional en 2012 la morosidad por la crisis subió un 19%”.

-¿La Ley de Propiedad Horizontal tiene lagunas?

“La ley resuelve todos los problemas del funcionamiento normal de una comunidad. Pero nos nos encontramos con el de los llamados vecinos molestos, a quienes se le puede privar del uso de la vivienda por un máximo de tres años, pero en toda España son contados los casos en que se ha podido demostrar que son molestos. Otro problema es el de la morosidad por desahucios. Se publica que los bancos no pagan, y sí pagan, pero cuando la entidad financiera se adjudica una finca y viene a pagar, ya han pasado dos o tres años, en que la comunidad sufre las deuda, y queda un año perdido”.

-¿Qué opina de la legislación hipotecaria española, cuestionada incluso por la Justicia de la UE?

“Creo que ni está bien que se deje a una persona en la calle ni tampoco que viva gratis. La ley tiene que proteger a las dos partes, buscar un equilibrio entre propietario y banco, pero está claro que no puede permitirse que imperen estos casos lamentables de desahucios. Hasta ahora ha sido una ley demasiado rígida a favor de los bancos, aunque en esto opino como cualquier ciudadano. Para buscar esa ley justa tenemos políticos que deben buscar esa solución”.

-Ustedes se han ofrecido para gestionar las oficinas de Vivienda Joven del Gobierno canario…

“El colegio toda la vida ha tenido la facultad de administrar propiedades en alquiler y propiedad horizontal.Con esto de la Vivienda Joven el Gobierno canario monta unas oficinas que creemos nos hacen competencia desleal, pues con dinero publico se hace una labor que creemos nos corresponde a nosotros. Hoy en día, por la crisis, es sencillo conseguir una vivienda a precios más asequibles que a través de Vivienda Joven. El Gobierno canario se está gastando un dinero que no beneficia a los jóvenes sino al propietario, cosa que no me parece mal, pero no me parece bien que con dinero público se nos haga competencia desleal”.

-¿Qué ahorrarían las arcas públicas si ustedes dan ese servicio?

“Unos 4 millones de euros, lo que cuesta mantener estas oficinas, gestionadas por una empresa. Somos 300 profesionales repartidos por toda la isla y podemos cumplir esa función, cobrando, pero lo pagarían los propietarios de la vivienda”.