El TSJC desestima suspender cautelarmente la tutela del Gobierno sobre CajaCanarias

Álvaro Arvelo, presidente de la Fundación CajaCanarias. | DA

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

La justicia da la razón al Gobierno de Canarias de momento. El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) desestimó ayer la petición de CajaCanarias para que se suspendiera cautelarmente el decreto 42/2013 de 27 de marzo, por el que el Ejecutivo regional decidió tutelar la conversión de la entidad en una fundación de carácter especial, revocar a sus órganos de gobierno y nombrar una gestora. El Tribunal da así la razón al Ejecutivo regional y avala la tutela de CajaCanarias.

La extinta fundación optó por recurrir la intervención del Gobierno canario al considerar que dicho acto dañaba la imagen y reputación de la entidad y podía paralizar su obra social. En cambio, el Ejecutivo regional justificó la decisión en que el patronato no cumplió con los plazos establecidos en la ley para su transformación en fundación.

Esta disparidad de criterios provocó, a principios de este mes, un enfrentamiento mediático que acabó en los tribunales, y con el nombramiento de una gestora que es la que actualmente se encuentra elaborando los estatutos del patronato. Además, será la que nombre a los patronos y culmine con el proceso de conversión en fundación.

El auto, hecho público ayer, y contra el que cabe recurso, la Sala de lo Contencioso Administrativo deja bien claro que el Gobierno ha aplicado lo establecido en el real decreto de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro. En este caso, aclara, la ley señala que si una caja de ahorros que está obligada a transformarse en fundación no lo hace en el plazo previsto de cinco meses (periodo que, en el caso de CajaCanarias se cumplió el pasado 3 de enero), “se producirá la disolución directa de todos sus órganos de gobierno y su baja en el registro de entidades de crédito del Banco de España”. Además, ese incumplimiento del plazo, añade la Sala, tiene como consecuencia el nombramiento de una gestora.

Los cinco miembros de la gestora de la Fundación CajaCanarias nombrada por el Gobierno. | DA

En el auto, el tribunal afirma que no es el momento de valorar si CajaCanarias cumplió o no todos los pasos para su transformación en una fundación de carácter especial, sino si la decisión tomada por el Gobierno tiene, “en apariencia, base legal” y apunta que “el interés público” que subyace de la actuación del Gobierno debe “primar” sobre el particular de los miembros del patronato.

En su demanda, CajaCanarias había considerado que la ejecución del decreto provocaría de forma irreversible e inmediata la disolución de todos los órganos fundacionales y su sustitución por otros nombrados por el Ejecutivo regional. El Gobierno, en cambio, sostenía que actuaba invocando al interés general y que no había alternativa.

A partir de ahora, el recurso ordinario continuará su curso. El Ejecutivo regional tiene hasta el 6 ó 7 de mayo para presentar las alegaciones y a partir de ahí el magistrado estudiará el proceso. Por el momento, la gestora que preside la exrectora de la Universidad de La Laguna Marisa Tejedor continuará con su trabajo de forma paralela a la actuación judicial.

La entidad anunció ayer a este periódico que esperaban este fallo, puesto que es “difícil” suspender cautelarmente una actuación del Ejecutivo, y que no van a recurrir dicho auto, si no que esperarán a la marcha del recurso ordinario.