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“La intervención del Gobierno es jurídicamente inexplicable”

A. M. S. | Santa Cruz de Tenerife

Pedro Afonso Afonso. | DA
Pedro Afonso Afonso. | DA

Pedro Afonso Afonso (Santa Cruz de Tenerife, 1948) es secretario del Patronato de la Fundación CajaCanarias, exprofesor de la Universidad de La Laguna y abogado en ejercicio. Este prestigioso jurista tinerfeño confirma “el escrupuloso cumplimiento del procedimiento establecido para la transformación voluntaria de CajaCanarias en fundación de carácter especial”, por lo que se muestra “jurídicamente desconcertado” ante las afirmaciones de intervención por parte del Gobierno de Canarias.

-¿Cuál es la realidad jurídica de la Fundación CajaCanarias en este momento?
“La Fundación CajaCanarias nace el 21 de diciembre de 2012, con la presentación de la documentación necesaria para dar cumplimiento al proceso de transformación voluntaria que estableció el Estado el 15 de noviembre con la publicación y entrada en vigor de la Ley 9/2012, norma en la que se regulan los plazos y procedimientos jurídicos para que aquellas cajas de ahorros que hayan dejado de ostentar el 25% de los derechos de voto de la entidad de crédito, a través de la que desarrollan el ejercicio indirecto de su actividad financiera, se constituyan en fundaciones de carácter especial. CajaCanarias realizó con todo rigor, en tiempo y forma, su adecuación al marco legal, finalizando el procedimiento con anterioridad al 3 de enero, fecha límite establecida para realizarla; procedimiento que fue dialogado y tutelado por el Gobierno de Canarias, y que fue puntualmente informado de todos los pasos que se daban, teniendo en cuenta las sugerencias realizadas, como por ejemplo la incorporación de un representante del Gobierno de Canarias como miembro del patronato, así como adelantar el calendario previsto inicialmente con el fin de que el Consejo de Gobierno pudiera aprobar la transformación de CajaCanarias con mayor holgura. Respecto a la personalidad jurídica de CajaCanarias, esta no cambia en ningún momento a lo largo del procedimiento reglado por la ley. Es decir, se mantiene cambiando únicamente su naturaleza al transformarse de entidad financiera a fundación de carácter especial”.

-Entonces, ¿en base a qué criterios el Gobierno de Canarias toma la decisión de intervenir a la entidad para proceder, según lo anunciado por el ejecutivo autonómico, a constituir la fundación?
“Jurídicamente resulta inexplicable saberlo. Por lo que conocemos de la resolución del Consejo de Gobierno del 27 de marzo, se afirma que el día 3 de enero expiró el plazo estipulado para que CajaCanarias pudiera culminar el proceso de transformación voluntaria. En este sentido, debo indicar que CajaCanarias realizó ante el Gobierno de Canarias su solicitud de transformación e inscripción, aportando toda la documentación correspondiente el 5 de diciembre, tras su aprobación por el Consejo de Administración de la entidad el día anterior, agilizando posteriormente la convocatoria de la Asamblea General, la cual tomó el 20 de diciembre el acuerdo de renuncia a su condición de entidad de crédito y su transformación en fundación de carácter especial, disolviendo voluntariamente todos los órganos de gobierno de la entidad financiera, aprobando el balance de transformación, los estatutos de la fundación, así como la composición del patronato de la misma. Por lo tanto, este plazo que establece la ley para concluir el proceso de transformación de forma voluntaria afecta exclusivamente a la actuación de CajaCanarias y no a las acciones que el ejecutivo autonómico debe realizar para autorizarlo y proceder a su inscripción, interpretación esta que han seguido otras comunidades autónomas, como es el caso de la Junta de Andalucía, que hace unos días autorizó la transformación en fundación de carácter especial de Cajasol, cuyo proceso es idéntico al de CajaCanarias”.

-¿Es cierto que el protectorado de fundaciones deniega la inscripción a mediados de enero?
“Efectivamente, y por eso la Fundación CajaCanarias presenta de manera inmediata un recurso de alzada del que aún no tenemos respuesta. En él argumentamos que debe mantener abierta la solicitud de inscripción, pendiente de que la Consejería de Economía y Hacienda lo autorice, así como que si existen defectos o reparos estos no han sido comunicados formalmente a CajaCanarias”.

-¿Las dudas que se han venido planteando sobre la constitución de la Fundación CajaCanarias producen un daño a su imagen?
“Efectivamente, está ocasionando un daño reputacional indudable a la institución y a sus máximos gestores, que han hecho de forma escrupulosa lo que la ley les dicta. Por otro lado, está causando un perjuicio directo a los miles de beneficiarios de la actividad de la fundación en estos momentos de mayor necesidad social y de respuestas efectivas por parte de una entidad como la nuestra”.

-¿Cuál es entonces el escenario para resolver la situación actual?
“A la Fundación CajaCanarias no le ha quedado otro que el judicial, ya que administrativamente se le deniega sin soporte legal o reglamentario que lo justifique su inscripción. De este modo, el patronato aprobó de manera unánime en sesión extraordinaria el 30 de marzo la realización de aquellas acciones judiciales necesarias para preservar sus derechos y garantías. En este sentido, el lunes 1 de abril hemos presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que actualmente la situación se encuentra sub iúdice, es decir, pendiente de la resolución judicial”.

– ¿Confía en que la justicia dé la razón a la Fundación CajaCanarias?
“No me cabe otro escenario, por supuesto. Tenemos la máxima confianza y respeto en la actividad judicial y, mientras se desarrolla su tramitación, nos encontramos plenamente tranquilos y a la espera de una decisión que ratifique la transformación voluntaria que hemos realizado. Hasta ese momento, continuaremos realizando nuestra labor fundacional en base a lo que dicta la ley y nuestros estatutos para dar respuesta a la acción benéfico-social que cumplimos y que la sociedad canaria nos demanda”.

-¿Con qué patrimonio cuenta la Fundación CajaCanarias?
“Íntegramente el patrimonio que tenía al dejar de desarrollar su actividad financiera, el cual está formado por todos los bienes, derechos y obligaciones de la extinta entidad de crédito, entre el que destaca un importante activo circulante, un patrimonio inmobiliario y, de forma particular, una cartera de acciones de CaixaBank. El patronato de la Fundación CajaCanarias tiene encomendada la mejor gestión de este patrimonio con el objeto de obtener aquellos rendimientos que destinados a cumplir los fines de la Fundación, que no son otros que continuar con la importante labor que ha venido desarrollando la Obra Social de CajaCanarias en sus más de 100 años de historia”.

-¿Les ha cogido por sorpresa el anuncio del nombramiento de una comisión gestora por parte del Protectorado de Fundaciones del Gobierno de Canarias?
“Desde luego resulta incomprensible, en tanto en cuanto se encuentra en proceso de tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el recurso contencioso-administrativo presentado por la Fundación CajaCanarias, que ha procedido a requerir al Gobierno de Canarias para que le informe sobre los términos del acuerdo adoptado. Pero, fundamentalmente, porque el nombramiento de una comisión gestora no tiene cabida dado que la ley contempla esta figura única y exclusivamente en relación con aquellas entidades financieras que no hubieran afrontado el proceso de transformación de forma voluntaria en tiempo y forma. En el caso de CajaCanarias, el proceso constitutivo es irrevocable, existiendo unos estatutos aprobados por la Asamblea General de la Caja General de Ahorros de Canarias y elevados a escritura pública, así como un patronato formalmente constituido; patronato que, en el caso de la Fundación CajaCanarias, a diferencia de la transformación de otras cajas de ahorros donde han sido compuestos íntegramente por los miembros del anterior Consejo de Administración, ha incorporado además a destacados miembros de la sociedad civil, todos ellos de reconocido prestigio y representantes de entidades representativas de intereses colectivos en el marco de la comunidad autónoma”.