“Los juzgados, como oficinas aisladas o atomizadas, tienen que desaparecer”

José Ramón Navarro Miranda, presidente electo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. / DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Llega a la cúspide de la Justicia autonómica con apenas 53 años de edad tras un exitoso periodo de 8 años al frente de la Audiencia provincial. El gran aval de José Ramón Navarro Miranda (Santa Cruz de Tenerife, 1959) es su merecida fama como rector de consenso, lejos de estridencias poco recomendables para su desempeño.

-¿Cómo se siente tras conocer la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

“La sensación inmediata es de enorme ilusión, y satisfacción, pero soy consciente de que asumo una responsabilidad muy importante. Quiero resaltar hoy mi reconocimiento, y el de toda la judicatura del Archipiélago, al presidente Antonio Castro, que ha ocupado el cargo los últimos ocho años, de una manera realmente brillante, sin escatimar tiempo ni esfuerzo alguno en la mejora de la Justicia en Canarias. Estoy enormemente agradecido al Consejo General del Poder Judicial que depositó su confianza en mi persona, que espero no defraudar”.

-¿Cómo valora el estado actual de la Justicia en las Islas?.

“Los órganos judiciales canarios soportan una carga de trabajo excesiva, que generalmente supera los indicadores establecidos por el CGPJ, lo cual, unido a una alta movilidad y una elevada tasa de interinidad, incide de forma notable en la adecuada tramitación y control de los asuntos. Sin embargo, el nivel resolutivo y rendimiento se sitúa, con carácter general, por encima de los indicadores del resto del país, lo que no puede ocultar que quedan muchas cosas por hacer para mejor la situación y para que los ciudadanos puedan percibir una Justicia, rápida, eficaz, previsible y cercana”.

Establecer tasas judiciales no puede impedir el acceso a la Justicia de ciudadanos

-¿Qué hace más falta: más jueces, más juzgados, más medios materiales, más plantilla, más fondos…?

“Mas medios, sin duda; más jueces, también. Pero fundamentalmente hace falta una nueva organización judicial. Hablar de oficina judicial en estos momentos es enfrentarnos a la mayor reforma orgánica que nuestro sistema judicial haya podido experimentar desde hace siglos, de manera que creo no equivocarme si digo que nos aproximamos a un momento en el que toda la organización judicial tradicional experimentará un vuelco tan radical como para pensar que comenzaremos de nuevo. Resulta evidente que el modelo actual no es satisfactorio hoy”.

-¿Estamos ante el adiós a los juzgados tal y como los conocemos hoy?

“Los juzgados, como oficinas aisladas y atomizadas, han de desaparecer, estableciéndose servicios comunes a varios de ellos y de toda índole, lo que conlleva la instauración de la Nueva Oficina Judicial. Una correcta estructura de funcionamiento de la oficina judicial es muy importante, ya que constituye el engranaje que va a poder hacer llegar al juez el procedimiento en las condiciones necesarias para que dicte, con la debida celeridad, la resolución más ajustada a Derecho”.

-¿Cuándo estará operativa la nueva Oficina Judicial?

“Ya disponemos de la base legal y en Canarias se inicia el proceso de instauración en los Partidos Judiciales que cuentan con la infraestructura necesaria para ello. El Gobierno de Canarias está impulsando su desarrollo contando con todos los operadores jurídicos , creando varias comisiones y grupos de trabajo que empiezan a dar su frutos y con el que los Jueces estamos comprometidos convencidos de que es el instrumento necesario para modernizar la Justicia en las Islas”.

-¿Es la Nueva Oficina Judicial la solución de la Justicia?

“Es necesaria, sin duda, pero no suficiente. Por un lado, para lograr la meta de una Justicia moderna debe lograrse la desaparición del papel como principal herramienta, sustituyéndolo por las nuevas tecnologías. Ya en su día, el consejero de Presidencia y Justicia José Miguel Ruano fue consciente de ello y propició un nuevo sistema informático, el Atlante, dotado con las debidas garantías de seguridad y fiabilidad, que fue homologado por el Consejo General del Poder Judicial. En éste ámbito, bajo la dirección del consejero Francisco Hernández Spínola, el Plan Estratégico para la Política de la Justicia 2012-2015, un importante instrumento, contempla la puesta en funcionamiento del servicio integrado de notificación telemática en la Administración de Justicia de este territorio con firma digital de notificaciones telemáticas desde el sistema de gestión procesal Atlante II a las partes y demás intervinientes personados en los procedimientos judiciales y que permitirá, al culminarse la presentación y traslado de copias de forma telemática de los escritos iniciadores y de trámite presentados por los operadores jurídicos”.

-No sólo quitando el papel se arregla esta Justicia…

“Por supuesto que no, para mejorar la Justicia es necesario propiciar medias alternativos para resolver los conflictos, en esencia, la medición y el arbitraje. En todos estos ámbitos la judicatura canaria se encuentra sensibilizada y colaborará con las Administraciones para que estos procesos culminen con éxito”.

-A la espera de las estadísticas oficiales, ¿el descenso de actividad tras la entrada en vigor de las tasas implica que suponen una barrera para acceder a la Justicia?

“El establecimiento de tasas judiciales, cualquiera que sea el sistema, como ya pusieron de relieve la Defensora del Pueblo, los Colegios de Abogados y muchas otras instituciones, no puede impedir el acceso de los ciudadanos a la Justicia. El principio de tutela judicial efectiva tiene rango de derecho fundamental, lo que conlleva que esté bajo la salvaguarda del Tribunal Constitucional”.

La sentencia del Tribunal de la UE sobre los desahucios frena la desprotección

-¿Cuál es su opinión sobre los desahucios?

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que evidentemente vincula a nuestro país, ha dictado recientemente una sentencia en la que establece que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores, de forma que la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión Europea. Hasta ahora, la desprotección se producía porque la legislación española no permite paralizar un desahucio por cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debía dilucidarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado el mismo. Es importante señalar que la sentencia del Tribunal responde a una consulta efectuada por un juzgado español”.