Más sobre Venezuela – Por Leopoldo Fernández

Venezuela ha estado a un tris de expulsar al embajador de España en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, tras la llamada a consultas de su representante político en Madrid, el embajador Bernardo Álvarez. Los arreglos bilaterales durante la tarde-noche del martes propiciaron la salida más razonable a una crisis diplomática absurda, debida a la mala interpretación, por exceso de celo, de unas palabras muy medidas del ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, sobre el resultado electoral. Su colega venezolano, el ultrachavista Elías Jaua, hubo de escuchar la cinta que le trasladó el embajador español sobre dichas declaraciones y las explicaciones del propio Margallo para convencerse de la inocuidad de aquéllas, ratificada posteriormente en un comunicado que pactaron los dos Gobiernos y en el que el Ejecutivo de Rajoy asegura que “respeta la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro como Presidente Electo de la República Bolivariana de Venezuela”. Una afirmación, por cierto, que por ahora prefieren no compartir Estados Unidos, la OEA y la UE, más inclinados a un recuento de votos tal y como prometió el presidente electo, Nicolás Maduro, la misma noche electoral.

Por encima de diferencias políticas, es bueno para los dos países que se mantengan unas relaciones sinceras, cordiales e incluso estrechas porque son muchos los intereses comunes: en España residen más de 200.000 venezolanos, en su inmensa mayoría antichavistas, y allí, más de medio millón de nacionales en primera y segunda generación, sobre todo descendientes de canarios. También trabajan en aquel país unas 170 firmas españolas, entre ellas las principales multinacionales, con Repsol, Telefónica y BBVA a la cabeza, y desde la llegada del chavismo al poder medio centenar largo de etarras, algunos con antecedentes penales que quitan el hipo, gozan de la protección del régimen… Pero volviendo a las elecciones, cada día se anuncian nuevas irregularidades con evidencias y pruebas irrefutables, presentadas ante el Consejo Nacional Electoral por parte de la oposición; entre otras, la expulsión de testigos (interventores en el caso español) de los centros de votación a punta de pistola, la existencia de más votos que votantes, la práctica de voto asistido (en presencia de alguien ajeno a la mesa electoral) como sistema de presión o coacción, la retirada de urnas de manera ilegal, la avería de más de 530 máquinas electrónicas de votación, etcétera. En estas condiciones se comprende la prisa de dicho Consejo para proclamar a Maduro presidente, no sólo no atender las reclamaciones y tampoco proceder al obligado recuento de los votos dudosos.