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Miseria – Por Alfonso González Jerez

   

Hace unos días Saray Encinoso publicaba en DIARIO DE AVISOS un reportaje muy interesante, Canarias: donde más crece la miseria, que ha sido muy citado y reproducido en blogs y redes sociales. La cifra que más han llamado la atención es ese crecimiento de diez puntos en la llamada “tasa de pobreza monetaria” desde 2007. La conclusión es que en ninguna otra comunidad autonómica ha crecido más la miseria tanto como en Canarias en los últimos seis años, aunque todavía Andalucía y Extremadura nos superen estadísticamente en niveles de pobreza y exclusión social. La reacción más habitual ha sido maldecir al Gobierno autonómico y a las perversas élites extractivas que han conducido al archipiélago al camino hacia el infierno más desesperanzado. En ningún momento cabe excluir las responsabilidades de gobernantes o grandes corporaciones empresariales en este desaguisado lleno de dolor, pero alguna vez -creo yo- se debería avanzar analísticamente más allá del crujir de dientes y la denuncia moral o moralista.

Lo cierto es que desde mediados de los ochenta se ha realizado una ingente inversión pública en Canarias. Para no alentar nuevas babas flamígeras, no me refiero a las infraestructuras y caprichos faraónicos, sino a la inversión directa y explícitamente social: sanidad, educación, servicios sociales. Lo que ocurre en estas ínsulas baratarias no es tan distinto que lo sucedido en otras partes: en Europa el Estado con mayor gasto público per cápita es Francia y en Francia ha crecido la pobreza y las diferencias de renta ininterrumpidamente en los últimos quince años. En España el efecto redistributivo de nuestro modesto -pero en absoluto diminuto– Estado de Bienestar es aproximadamente nulo, como han demostrado José Fernández Alberto y Dulce Manzano en un sesudo artículo de la Fundación Alternativas. Las razones de este demoledor fracaso son varias y generalmente están entrelazadas: la irracionalidad manifiesta del mercado de trabajo, un modelo económico excesivamente dependiente de la actividad constructora y anejas y de los fondos comunitarios, la mala gestión cualitativa de los servicios públicos y, singularmente, del sistema educativo, un sistema de privilegios fiscales que ha servido para apalancar empresas pero no para capitalizar proyectos innovadores que diversifiquen la economía. Pero nunca -hasta que en 2008 se abrió el precipicio de la crisis- una insuficiencia palmaria en gasto social.