‘No’ del PP a la nueva ley turística por su “intervencionismo feroz”

Australia Navarro y Jorge Blanco, ayer, durante la rueda de prensa. / EFE

EFE| Las Palmas de Gran Canaria

El PP en el Parlamento de Canarias rechazó ayer el “intervencionismo feroz” que el Gobierno regional pretende aplicar, a su juicio, con la futura Ley de Renovación y Modernización Turística de las islas, en la que, para este grupo, se prescinde de las corporaciones insulares y locales.

Así manifestó la portavoz del grupo parlamentario popular, Australia Navarro, y el diputado Miguel Jorge Blanco, al presentar en una rueda de prensa las 60 enmiendas que han presentado a este proyecto de ley, en cuyo trámite de ponencia aspiran a poder consensuar algunos aspectos con CC y PSOE.

Entre los asuntos sobre los que el PP quiere llegar a acuerdo, Blanco aludió al papel que a su juicio deben tener cabildos y ayuntamientos en la definición del modelo turístico planificado en cada isla, al hecho de que esta nueva ley no sea permanente, sino que expire el 31 de diciembre de 2016, y a la necesidad de modificar las excepciones que se plantean, ya que afectan a escasos tipos de establecimientos.

Así, el PP propone que la ley permita hoteles y complejos extrahoteleros en suelos urbanos donde estén previstos y casas, además de hoteles rurales. También solicita que se exceptúe de la futura norma los hoteles “de cuatro estrellas o más” y los complejos extrahoteleros, de gran importancia para Gran Canaria, de forma que no sólo se permitan, como fija el proyecto de ley, hoteles de cinco o de gran lujo.

Respecto a las autorizaciones previas, Blanco aludió a la legislación europea, y dijo que la directiva Bolkestein obliga, co-mo norma general, a suprimir todos los requisitos previos exigibles para iniciar cualquier actividad económica o mercantil.

Pese a ello, el PP está dispuesto a “flexibilizar” la pretensión del proyecto de ley, de forma que, en lugar de tres meses, la autorización se resuelva en 45 días y que, a partir de ahí, el silencio administrativo se considere positivo.

De igual forma, los populares rechazan que sea solo el Gobierno canario el que pueda desarrollar planes de modernización turística y propone que tengan potestad para ello cabildos, ayuntamientos turísticos, consorcios urbanísticos y entidades de gestión privada o público-privada, además de la administración regional, que será la que otorgue su aprobación definitiva.