González Ortiz: “Hoy por hoy no existe la Fundación CajaCanarias”

El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz (d), con el diputado del PP Jorge Rodríguez. | EFE

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, aseguró ayer que la intervención del Ejecutivo en todo el proceso de transformación de CajaCanarias en fundación se debe a una “cuestión de plazos” y que está avalada legalmente. “Se han buscado otras vías, pero ha sido imposible”.

Ortiz aclaró que en ningún momento el Gobierno ha tenido dudas sobre el patrimonio de CajaCanarias, “que está auditado y es conocido”, aunque reconoció que las principales diferencias con los gestores está en la dotación que van a destinar a la fundación. El consejero explicó que entiende que “la otra parte niegue la mayor”, pero añadió que “estuvieron informados en todo momento de las actuaciones del Gobierno”. El 3 de enero era la fecha límite fijada para que CajaCanarias se transformara en fundación, y la solicitud entró en la Consejería el 5 de diciembre.

“Se trata de un proceso complejo, por lo que es probable que si hubieran presentado la solicitud antes (el plazo se abría el 3 de agosto) a lo mejor no hubiéramos llegado a esto”, señaló. Al día siguiente, la consejería envió la documentación al Banco de España, según requiere la legislación, y se terminaron incumpliendo los plazos y finalmente no se inscribió en el registro de fundaciones. “El Gobierno tiene que velar por las fundaciones a través del Patronato de Fundaciones de Canarias por ley, por eso intervino”. En este sentido, Ortiz aclaró que, al no estar inscrita en el registro “hoy por hoy no existe la Fundación CajaCanarias”. “Al no estar inscrita en el registro de fundaciones por no cumplir con los plazos no se puede decir que exista”.

El consejero declaró que ha informado a los gestores de todo este asunto y que el 18 de enero el Protectorado de Fundaciones comunicó a CajaCanarias que no se podía inscribir. “La decisión del Consejo de Gobierno vino después”. Ahora será el Protectorado quien, en el menor tiempo posible, nombre una gestora hasta que el tribunal resuelva. Ortiz aseguró que la labor de la Obra Social está absolutamente garantizada.