El PP rechazó el lunes en la Comisión de Interior del Senado una propuesta del herreño Narvay Quintero que pedÃa que se acepte la acreditación de la residencia mediante el DNI electrónico, como prueba suficiente para poder acceder a los descuentos por residencia en el transporte aéreo y marÃtimo. El texto planteado proponÃa evitar la presentación del certificado de residencia, esa práctica obsoleta y fácilmente falsificable mediante una fotocopia, con la que se castiga a los ciudadanos de Canarias (y de Baleares y de Ceuta y Melilla), porque algunas compañÃas aéreas cometieron fraudes masivos con la subvención a la residencia.
La negativa del PP a aceptar un formato moderno de justificación de la residencia resulta muy chocante. Más aún, en un paÃs que constata fraudes masivos en los censos y padrones municipales, que son, a la postre, los que determinan el derecho a la residencia. Es como si los gobiernos se dedicaran a perseguir la paja en el ojo de los ciudadanos, mientras se desentienden de la viga en el propio. Algo no funciona bien cuando es necesario establecer mecanismos preventivos para prevenir supuestos abusos ciudadanos, mientras los abusos reales del Gobierno, o las personas e instancias con poder, se tratan con todo tipo de prevenciones y cautelas.
Aquà el Gobierno parece muy preocupado de que no vuelvan a producirse fraudes en la residencia -por cierto, que los más importantes tuvieron que ser denunciados por compañÃas rivales de las que cometÃan el fraude, y el Gobierno tardó en tomar las denuncias en consideración- mientras el propio Gobierno deja que se acumulen año tras año datos absolutamente falsos en los padrones municipales. Mucho se ha hablado en los últimos dÃas de la responsabilidad de los ayuntamientos -y más concretamente del de Santa Cruz de Tenerife, que es el que está en el ojo del huracán por el fraude masivo del padrón- en la presentación de sus estadÃsticas de población. Pero lo cierto es que la aprobación de esos datos es responsabilidad última del Instituto Nacional de EstadÃstica, dependiente del Gobierno de la nación, que es el que valida finalmente las propuestas municipales
España es un paÃs muy especial: aquà se persigue con insistencia y hasta con saña el pequeño delito o la falta ciudadana, mientras se trata con algodón judicial de primera calidad al gran delincuente, y para él se inventan todo tipo de recursos de amparo, amnistÃas fiscales o apartamientos dorados. El rechazo del PP a facilitarle a la ciudadanÃa un acceso razonable y cómodo a las bonificaciones por residencia es solo otra cara de esa misma desvergüenza.