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Pedrero denuncia a Sanidad por prevaricación y discriminación

   

TINERFE FUMERO Santa Cruz de Tenerife

Pedrero aporta numerosos testimonios sobre su solvencia profesional. / DA

Pedrero aporta numerosos testimonios sobre su solvencia profesional. / DA

Tal y como había anunciado, el doctor Arturo Pedrero ha denunciado al Ministerio de Sanidad ante la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y discriminación laboral, según consta en el escrito presentado hace dos días y que obra en poder de este periódico.

Pedrero es un joven profesional aquejado de una leve discapacidad al que una decisión administrativa impide ahora seguir ejerciendo como médico en el centro de salud de Tacoronte ya que no superó un examen médico realizado por el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales del HUC que sostiene que no se encuentra capacitado para tal función, a pesar de que cuenta con todo tipo de informes que avalan lo contrario.

Así, Pedrero cuenta hasta con un dictamen del propio Ministerio de Sanidad que lo considera competente en el 95%, además de todo tipo de parabienes, oficiales e informales, de otros médicos.

Tal y como declaró el joven profesional en su día a José Luis Cámara, “yo nunca oculté mi condicionamiento [un leve impedimento de movilidad en una mano]. De hecho, no puedo. Elegí la especialidad de médico de familia tras hablar con profesionales del HUC, que me aseguraron no tendría ninguna dificultad para ejercer, pese a mis dificultades de movilidad”, subraya Arturo Pedrero, quien insiste en que antes de iniciar su residencia realizó, “como todos”, un reconocimiento médico y aportó “la documentación de mi discapacidad, que no se consideró relevante”. Tanto es así que pacientes, enfermeros y médicos del centro de salud de Tacoronte y del hospital aseguran que está cualificado para continuar ejerciendo la medicina de familia.

Ahora, finalizada la vía administrativa después de que los distintos organismos han rechazado sus recursos contra la decisión de la Subdirección General de Ordenación Profesional de dar por bueno el examen médico, y posteriormente de la Gerencia de Atención Primaria de extinguir su contrato como especialista en medicina familiar y comunitaria, Pedrero acude a la Fiscalía de la mano de la Asociación Canaria Pro Derechos Civiles y Sociales.

Y el texto presentado es contundente. Además de concluir pidiendo a la Fiscalía que haga suya su denuncia por los delitos referidos, prevaricación y discriminación laboral, porque -entiende- se han vulnerado sus derechos fundamentales, amparados tanto por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; por la Constitución española y, por último, la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual.

Para demostrar la injusticia que denuncia, Pedrero aporta una documentación en la que relata cómo superó los pertinentes exámenes y pruebas hasta alcanzar su puesto en el centro de salud, incluyendo toda la información pertinente sobre su discapacidad, que nunca le impidió un desarrollo normal.

Dos datos sobresalen de dicho relato: el primero es que dice que el examen que lo rechaza está firmado por un médico que no fue el que lo examinó; el segundo es que dicho examen se realizó fuera de plazo.