Por Tenerife y Sí se puede reclaman la nulidad del PGO

Mena y Ascanio, de Sí se puede, en una rueda de prensa anterior. | DA

DIARIO DE AVISOS | La Laguna

Coalición Por Tenerife y Sí se pude solicitaron ayer la nulidad del proceso de exposición pública inicial del Plan General de Ordenación del municipio, un periodo que concluyó el pasado 5 de abril. El portavoz de Sí se Puede, Juan Miguel Mena, explicó que se han “visto abocados a solicitar esto en base al silencio del equipo de gobierno sobre las irregularidades planteadas en el proceso de información pública”.

El pasado jueves, ambas formaciones hicieron oficial esta solicitud a través del Registro Municipal y la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Mena aseguró que “las incorrecciones en la tramitación de los documentos denunciada no han sido contestadas oficialmente y, en muchos casos, nos hemos tenido que enterar de la respuesta del equipo de gobierno por la prensa”.

“Los vecinos han sido engañados por promesas como que el catastro no se les cobrará más al convertirse sus terrenos en urbanizables”, explicó el edil de Sí se puede, que además recordó que se ha hecho “caso omiso a las cientos de solicitudes vecinales de ampliación del plazo de alegaciones hasta el máximo legal permitido”.

MAL CIERRE DEL PROCESO
Por su parte, el nuevo portavoz de Por Tenerife, Juan Ignacio Viciana, afirmó que están “en el final de un proceso que ha tenido un mal cierre, donde se ha alardeado de participación vecinal, pero que ha estado marcado por las prisas para que este proceso no coincida con el periodo electoral de 2015”.

Para este concejal, “la mejor prueba de las prisas” en la aprobación inicial del documento está en el “cambio sobre la marcha”, anunciado por el alcalde, sobre las afecciones contra el suelo agrícola, uno de los asuntos denunciados en las alegaciones de la oposición lagunera. “Desde el principio afirmamos que no íbamos a permitir irregularidades en el PGO y con esta petición vamos en ese camino”, señaló. Viciana dijo que entre las irregularidades detectadas está que “el informe jurídico del Servicio de Planeamiento y Planificación de Urbanismo no reúne los requisitos suficientes para ser considerado como el informe preceptivo al que la normativa obliga”.