X
a babor>

Primer ‘round’ – Por Francisco Pomares

   

La guerra abierta entre el Gobierno regional y los gestores de CajaCanarias, a cuenta de supuestas irregularidades cometidas en la creación esa fundación-refugio de los antiguos directivos, acabará por resolverse en los tribunales. El Gobierno ampara su decisión en un informe negativo que se comunicó a la Fundación en enero de este año, y del que en la Fundación se hizo caso omiso, aplicando una política de hechos consumados, que es la que habría provocado la intervención del último Consejo de Gobierno paralizando el proceso y nombrando una gestora. No es la primera vez que algo así ocurre: pasó también con la Caja Insular, aunque en Las Palmas no se montó gran escándalo. Aquí sí: CajaCanarias fue una entidad muy poderosa, aunque lo que queda de ella tras su absorción por Banca Cívica primero y por Caixa después, es solo apariencia y bastante confusión.

El Gobierno pide a los directivos de la Fundación -presidida por Álvaro Arvelo, el hombre que capitaneó el proceso de desaparición de la Caja y que ya se enfrenta a un proceso judicial como directivo de Banca Cívica-, que se explique el destino de 140 millones de euros de los que no se sabe dónde han ido a parar. El propio presidente del Gobierno ha intervenido explicando que la merma patrimonial de la Fundación es tal que sólo dispone de 20 millones de euros de los 160 que constituían el patrimonio declarado de la Caja, sin que se haya dado una explicación de lo que pasó con esos activos.

Solo eso sería motivo más que suficiente para justificar una intervención en el proceso, pero hay más: no parece razonable que la Fundación -una entidad benéfica que sólo dispone de seis millones de euros para hacer frente a los antiguos compromisos de la Obra Social de la desaparecida Caja- pague a sus directivos cantidades que parecen absolutamente inadecuadas en los tiempos que corren. Lo razonable sería que los directivos de la Fundación lo fueran a título honorífico y no cobraran nada, y que Arvelo y su equipo dieran paso a gente nueva, ajena a las decisiones que provocaron la traumática desaparición de CajaCanarias y sus secuelas financieras y laborales.

Por su parte, el Gobierno regional debe garantizar que su intervención sea transparente y eficaz, y que los proyectos de la Obra Social se mantengan. Seis millones de euros es muy poco para hacer frente a los antiguos compromisos de la Obra Social. Pero no sería de recibo que -además de ser poco- no llegaran a quienes lo necesitan.