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La reforma del régimen local puede dejar desatendidas en Canarias a cerca de 20.000 personas

J. L. CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Ante la propuesta de reforma del régimen local que obligaría a las autonomías a hacerse cargo de los servicios sociales de los ayuntamientos en el plazo de un año, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Asociación Empresarial Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), el Consejo General de Trabajo Social y la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han explicado las consecuencias han remitido un escrito dirigido a los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, de Empleo y Seguridad Social, y de Economía y Competitividad, en el que proponen que en la reforma de la Ley 7/1985 (Reguladora de las Bases del Régimen Local), se mantengan y no sean eliminadas las competencias municipales para «la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social», recogidos en su punto K, artículo 25.

Una auxiliar traslada a un mayor dependiente. | DA
Una auxiliar traslada a un mayor dependiente. | DA

Alfredo Bohórquez, secretario general de la Sociedad Española de Geriatría, explica que «es necesario solicitar que no se eliminen las competencias para la prestación de servicios sociales de los ayuntamientos y las diputaciones porque eliminarlas implica la pérdida de 65.000 puestos de trabajo y que 200.000 personas -de ellas, cerca de 20.000 en Canarias- dejen de estar atendidas, ya que al menos el 50% del presupuesto de los servicios sociales vienen del ayuntamiento». Y concreta que «quitar las competencias no genera un impacto económico positivo, de hecho el sector de atención a las personas es el mayor generador de empleo en todos los países del norte de Europa, y además genera un retorno del 40 por ciento».

Para, Ángel Quesada Lucas, representante de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), «tanto la teleasistencia como el servicio de atención a domicilio, facilita que muchas personas mayores puedan seguir viviendo en su casa y su entorno, que es lo que quieren, y no tener que irse a una residencia». Más de 600.000 personas están atendidas por el servicio de atención a domicilio hoy en día en España. «Es prácticamente imposible que una Comunidad Autónoma lleve estos servicios sociales, como lo están llevando hoy en día los ayuntamientos», denota Quesada.

En cuanto a los puestos de trabajo, desde el Consejo General del Trabajo Social inciden en que «el sector de servicios sociales municipales, dentro del servicio de atención a personas, es un gran generador de empleo local, urbano y rural. Sólo en ayuda a domicilio genera para el sector privado, mercantil y no mercantil, más de 150.000 puestos de trabajo. Además, es un generador de empleo estable, especialmente en sectores de la población que siempre ha tenido dificultades para encontrar trabajo». «Más del 90% de la inversión en servicios sociales es gasto para personal, no deslocalizable porque el empleo se establece en el entorno donde se presta el servicio. Son las mujeres de entre 35 y 55 años, de cualificación media baja, es decir, uno de los sectores más afectados por desempleo, el que cubre estos servicios» y facilitó a los asistentes un dato clarificador «por cada seis horas de atención domiciliaria se genera una puesto de trabajo». Y concluyó afirmando que «la ayuda a domicilio contribuye a reducir el coste de servicio de urgencias y el gasto farmacológico, por lo que supone un ahorro a la sanidad pública».