J. L. CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Ante la propuesta de reforma del régimen local que obligaría a las autonomías a hacerse cargo de los servicios sociales de los ayuntamientos en el plazo de un año, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Asociación Empresarial Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), el Consejo General de Trabajo Social y la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han explicado las consecuencias han remitido un escrito dirigido a los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, de Empleo y Seguridad Social, y de Economía y Competitividad, en el que proponen que en la reforma de la Ley 7/1985 (Reguladora de las Bases del Régimen Local), se mantengan y no sean eliminadas las competencias municipales para «la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social», recogidos en su punto K, artículo 25.
Alfredo Bohórquez, secretario general de la Sociedad Española de Geriatría, explica que «es necesario solicitar que no se eliminen las competencias para la prestación de servicios sociales de los ayuntamientos y las diputaciones porque eliminarlas implica la pérdida de 65.000 puestos de trabajo y que 200.000 personas -de ellas, cerca de 20.000 en Canarias- dejen de estar atendidas, ya que al menos el 50% del presupuesto de los servicios sociales vienen del ayuntamiento». Y concreta que «quitar las competencias no genera un impacto económico positivo, de hecho el sector de atención a las personas es el mayor generador de empleo en todos los países del norte de Europa, y además genera un retorno del 40 por ciento».
Para, Ángel Quesada Lucas, representante de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), «tanto la teleasistencia como el servicio de atención a domicilio, facilita que muchas personas mayores puedan seguir viviendo en su casa y su entorno, que es lo que quieren, y no tener que irse a una residencia». Más de 600.000 personas están atendidas por el servicio de atención a domicilio hoy en día en España. «Es prácticamente imposible que una Comunidad Autónoma lleve estos servicios sociales, como lo están llevando hoy en día los ayuntamientos», denota Quesada.
En cuanto a los puestos de trabajo, desde el Consejo General del Trabajo Social inciden en que «el sector de servicios sociales municipales, dentro del servicio de atención a personas, es un gran generador de empleo local, urbano y rural. Sólo en ayuda a domicilio genera para el sector privado, mercantil y no mercantil, más de 150.000 puestos de trabajo. Además, es un generador de empleo estable, especialmente en sectores de la población que siempre ha tenido dificultades para encontrar trabajo». «Más del 90% de la inversión en servicios sociales es gasto para personal, no deslocalizable porque el empleo se establece en el entorno donde se presta el servicio. Son las mujeres de entre 35 y 55 años, de cualificación media baja, es decir, uno de los sectores más afectados por desempleo, el que cubre estos servicios» y facilitó a los asistentes un dato clarificador «por cada seis horas de atención domiciliaria se genera una puesto de trabajo». Y concluyó afirmando que «la ayuda a domicilio contribuye a reducir el coste de servicio de urgencias y el gasto farmacológico, por lo que supone un ahorro a la sanidad pública».