Tenerife Discapacidad amenaza con escraches a los políticos isleños

Jessica Quintero y Raúl Cordero, portavoces de la Plataforma Tenerife Discapacidad. / FRAN PALLERO

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Restricción de comidas, falta de materiales, imposibilidad de realizar salidas y actividades al aire libre, trabajadores con reducción de jornada… Este es el panorama que pintan las asociaciones que atienden y asisten a los discapacitados de la isla de Tenerife, que ayer anunciaron que han dado una semana de plazo al Gobierno de Canarias y al Cabildo insular para que les abonen las cuatro mensualidades que les adeudan de 2013. En caso contrario, a partir del lunes próximo llevarán a cabo manifestaciones, escraches contra algunos políticos isleños y están dispuestos a cerrar algunos de los más de 40 centros afectados por los recortes.

En rueda de prensa, los portavoces de la Plataforma Tenerife Discapacidad, que agrupa a más de medio centenar de entidades de toda la provincia -que atienden a más de 2.000 personas con algún problema de salud mental, discapacidad intelectual y enfermedades raras-, pidieron al Gobierno que “baje a la tierra” y atienda a este colectivo. “Es responsabilidad de las administraciones cubrir servicios de atención directa, en los que trabajan cerca de 800 profesionales”, aseveró José Raúl Cordero, que insistió en que “las asociaciones han tenido que retrasar los pagos de sus obligaciones fiscales y muchas se han visto obligadas a pedir préstamos para hacer frente a las deudas que tienen, préstamos que además han avalado con sus patrimonios y cuyos intereses también tendrán que asumir”, recalcó Cordero.

En la misma línea se manifestó otra de las portavoces de la plataforma, Jessica Quintero, que pidió a la Consejería de Políticas Sociales y al Cabildo insular una “reunión urgente” para “acordar la fecha de la firma del convenio de 2013 y un compromiso por escrito de que se pagarán las deudas a todas las entidades”. “Llevamos años sufriendo importantes recortes, lo que ha generado una enorme incertidumbre en las asociaciones, que están asumiendo la atención de los discapacitados con fondos propios y endeudándose”, recalcó Quintero, que recordó que la Consejería de Sanidad eliminó en octubre de 2012 servicios como el de fisioterapia, “que acabaron pagando las entidades”.

“Si los centros cierran, todos los usuarios tendrán que quedarse en casa, con el grave perjuicio que eso causará a las familias, sobre todo porque se trata de personas que requieren de una atención personalizada y especializada”, incidieron los representantes de la Plataforma Tenerife Discapacidad. En la orilla opuesta, la consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo canario, Inés Rojas, aseguró que la firma del convenio con el Cabildo insular solo está a la espera del visto bueno del Consejo de Gobierno, lo que además permitirá liberar el dinero para pagar a las entidades. “Como ya se ha hecho en Gran Canaria y en el resto de islas, se firmará un convenio que dé estabilidad a las organizaciones”, concluyó Rojas.

LA LISTA DE ESPERA CONTINÚA CERRADA

Los problemas que están generando los recortes en los centros de discapacitados no solo afectan a los usuarios de estos. Desde el año 2011 más de 320 personas esperan por una plaza -una cifra reconocida por el propio IASS-, a la que solo accederán si se produce alguna vacante. De hecho, desde la Plataforma Tenerife Discapacidad manifestaron que “al menos hasta 2020 no está previsto aumentar el número de plazas gestionadas por los cabildos, lo que supone un grave perjuicio para cientos de familias en el Archipiélago”. Como ya publicó este periódico, desde el año 2004 no se ha revisado el coste público por plaza en los centros, lo que supone una reducción cercana a un 15% solo en lo que se refiere al IPC anual.“Cuando se puso en marcha el Plan de Atención a la Discapacidad (PAD), este contaba con 154 millones de euros solo para discapacidad; para este año, la dotación económica en Canarias para atender toda la dependencia (discapacidad y mayores) es de 117,4 millones, lo que supone un recorte de casi 37 millones de euros”, explicó uno de los portavoces de la plataforma, José Raúl Cordero, quien reiteró que el colectivo ha solicitado formalmente al Tribunal de Cuentas que inste a la Fiscalía a iniciar una investigación para ver “dónde ha ido a parar el dinero”. “No hablamos de mercancías ni animales, sino de personas, y estamos hartos de las mentiras y los reiterados incumplimientos de las administraciones”, espetó Cordero.